Por José Luis Ahuactzin

La diputada del PAN, Dulce María Mastranzo Corona, en la sesión de la Comisión Permanente del Congreso de este viernes, planteó reformar la Constitución para quitar el cargo honorífico al Consejo Consultivo de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), y perciban un salario.

En esa reforma al artículo 96 constitucional, también quiere la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Congreso, que para ser titular de la CEDH sea licenciado en Derecho y se elimine la palabra «preferente» del párrafo.

Dentro de los argumentos para regresar a los consejeros del organismo autónomo un salario, es para que sea un «verdadero» contrapeso al presidente y se conviertan en defensores y vigilantes de las derechos de los tlaxcaltecas.

Pero además, pata evitar que los consejeros se vean envueltos en pleitos legales por no tener un salario.

«Basta recordar que en mayo de 2012, dos ex consejeros tuvieron que enfrentar pendientes con la justicia. El primero fue aprehendido por elementos de la Procuraduría General de Justicia del Estado por los delitos de abuso de confianza y daño en las cosas, además permaneció recluido en el CERESO de Tlaxcala porque enfrentaba otro proceso promovido por la SEDESOL, debido a que se le acusaba de no comprobar la aplicación de un apoyo por 1.5 millones de pesos que recibió una organización civil que representaba; el segundo, fue denunciado por presuntos actos de abuso de autoridad, amenazas y supuesto tráfico de influencias, al actuar como parte defensora en un litigio y ostentarse como consejero de la Comisión Estatal de Derechos Humanos…».

En ese recuento, la diputada también detalló que «el tercero de ellos fue señalado por dedicarse más a temas electorales y políticos, incluso fue señalado como declarado aspirante a contender por cargos de elección popular, descuidando por completo su encomienda como consejero de la Comisión Estatal de derechos humanos.

El cuarto de ellos, fue acusado de alterar el orden público por su inconformidad con los resultados de la jornada electoral local del año 2013, y también fue señalado de ostentarse como consejero de la Comisión Estatal de derechos humanos en el litigio de asuntos que tramitaba como particular…».

De aprobarse la reforma, esta entraría en vigor hasta el 2021, por lo pronto fue enviada a la Comisión de Derechos Humanos para analizar la viabilidad.