Tlaxcala| Redacción.- El pasado 1 de octubre, la Comisión de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Tlaxcala (CAIPTLAX), denunció penalmente ante la Procuraduría General de Justicia del Estado los probables hechos de delito contra el presidente municipal de Santa Cruz Quilehtla, José Cirilo Pichón Flores por posible incumplimiento del servicio público.

De acuerdo con el artículo 151 en su fracción II del Código Penal para el Estado de Tlaxcala, es delito de incumplimiento del servicio público impedir el cumplimiento de una ley, decreto, reglamento, resolución judicial o administrativa y puede ser sancionado de tres meses a cinco años de prisión y multa de dieciocho a trescientos sesenta días de salario.

Lo anterior de acuerdo con las atribuciones que el organismo garante tiene de proteger el derecho de acceso a la información pública y denunciar cualquier delito relacionado con ello.

Y es que en pasadas fechas, Cirilo Pichón ignoró múltiples requerimientos del órgano de transparencia para que diera cumplimiento con la Ley de Acceso a la Información Pública para el Estado de Tlaxcala y dar contestación a una solicitud de información.

Ante la negativa, la CAIPTLAX dio vista al órgano de control interno del ayuntamiento a través de la Síndico Aidé Flores Tlamitzi, mismo que determinó la falta como no grave, y meritoria de una amonestación.

Por lo que el órgano garante determinó dar vista a la PGJE para que fije si existe incumplimiento a la ley de acceso a la información pública y si es causal de delito, así como de alguna sanción de orden penal.

Cabe resaltar que las acciones implementadas por el Consejo General de la CAIPTLAX buscan proteger el Derecho de Acceso a la Información Pública (DAIP) en la entidad.

Durante los Consejos anteriores que el organismo de transparencia ha tenido, nunca se han tomado acciones de esta naturaleza por lo que resulta fundamental su seguimiento y asegurar que ningún actor político ignore las leyes tlaxcaltecas.

Finalmente, la CAIPTLAX pretende sentar precedente en la entidad de la obligación por salvaguardar el DAIP y evitar que en algún momento se reproduzcan estas conductas que poco abonan en la consolidación de un Tlaxcala transparente.