La liberación anticipada de un reo en 2010 le agregó 10 años más de inhabilitación a Héctor Ortiz, ahora suma 15 y su camino se le complica para ser candidato a la diputación federal. Mientras algunos moto taxistas buscan alternativas de solución para ingresar a la actividad laboral formal, otros persisten en seguir en esa actividad

Por Edgardo Cabrera

Con la intención de intentar librar una nueva sanción de la Contraloría del Ejecutivo estatal, Héctor Ortiz promovió un amparo ante la justicia federal, aunque de poco le servirá ante la acusación que enfrenta. Es cuestión de tiempo para que quede firme la inhabilitación de 10 años que le fue fijada en mayo pasado.

Desde el año 2012 la Comisión Estatal de Derechos Humanos concluyó que se violaron las garantías individuales de la parte acusadora al liberar anticipadamente a José Luis Sánchez Pérez, quien fue sentenciado a seis años y seis meses en prisión por haber cometido el delito de fraude.

En el año 2010, en pleno ocaso de su gobierno, Héctor ordenó el indulto pese a que el reo todavía no cumplía con las dos terceras partes de la sanción impuesta, es decir, cuatro años y seis meses, sólo había purgado una condena de poco más de un año en prisión.

Dicha decisión del entonces Ejecutivo estatal derivó el inicio de una queja ante la CEDH que le dio la razón a la parte acusadora dos años después.

Al analizar el caso, la Contraloría determinó que tanto Héctor Ortiz como quien fungió como director de penales, Jorge Mario Galán Díaz, violaron al artículo 59, fracciones I y XX de la Ley de Responsabilidades para Servidores Públicos.

A Ortiz le fue fijada una inhabilitación para ejercer cualquier cargo en la administración pública estatal por un periodo de 10 años, en tanto que a Galán Díaz por un periodo de tres años.

Dado que Héctor ya tenía en su expediente otros cinco años de sanción, al comprobarse nepotismo en su gobierno, en suma tiene acumulados 15.

Aunque en el caso del indulto del reo, la Procuraduría General de Justicia del Estado mantiene abierto el expediente dado que existe una denuncia penal por los presuntos delitos de ejercicio indebido de funciones, abuso de autoridad, falsedad de informes y delitos en otros ramos del poder público derivados de la recomendación 5/2012 por la queja CEDHT/6VG/16/2010.

Camino pedregoso 

La nueva inhabilitación en contra de quien por cierto es dirigente del Partido Alianza Ciudadana le complica el terreno en su intención de buscar la candidatura a la diputación federal por el segundo distrito.

Si bien Ortiz podrá argumentar, como lo hizo cuando fue nominado por el PAN al senado y tenía a cuestas la primera inhabilitación, que la sanción no aplica para cargos federales, las nuevas reformas en materia electoral abrirán un nuevo debate sobre candidatos que enfrentan castigos de tipo administrativo en sus estados, amén de las denuncias penales que tengan en proceso.

Lo anterior explicaría su decisión de ampararse en contra del gobierno estatal y su urgencia de litigar en busca de tirar la sanción.

Mototaxistas

En días pasados, el Gobierno del Estado, a través de la Segob, alcanzó un acuerdo con 40 dueños de mototaxis, originarios de Papalotla.

Este hecho es un precedente importante de la capacidad institucional para lograr acuerdos que garanticen el orden y la legalidad.

Y por otro lado se debe reconocer la voluntad de los propietarios para superar el conflicto, y hallar alternativas de solución a su propia situación de ingreso y estabilidad.

Claro que habrá quienes no estén conformes y persistan en trabajar al margen de la ley; sin embargo, los ciudadanos seguramente juzgarán que obedecen a otro tipo de intereses que, evidentemente, no son los de la sociedad.

En Tlaxcala, la legislación no prevé que este tipo de unidades preste el servicio de pasaje, y por eso se prohíbe su circulación.

A nivel nacional, son varias las entidades que enfrentan el problema de la circulación anómala de mototaxis, ya que operan sin contar con permisos, concesiones, ni seguro de viajero y, en muchos casos, ni siquiera placas de circulación o licencia de los conductores.

Además, no podemos olvidar que este tipo de transporte no está autorizado por los riesgos que implica para usuarios, peatones y automovilistas; y que, en varios lugares, opera con la protección de agrupaciones que persiguen intereses económicos y hasta políticos.

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