Evidenció que los cobros de refrendo o renovación de licencias de uso de suelo por parte de los Ayuntamientos resultan violatorios

Por Selene Sosa

Con el propósito de que los Ayuntamientos no hagan cobros no estipulados en el marco normativo, la Diputada del Partido de la Revolución Democrática Tlaxcala (PRDT), Laura Yamili Flores Lozano, propuso establecer expresamente en la ley la vigencia de las licencias y dictámenes de uso de suelo.

En la legislación local no se contempla ninguna disposición que establezca una vigencia temporal a los dictámenes y licencias de uso de suelo, por lo que resultan ilegales los cobros y exigencias de renovaciones y refrendos semestrales o anuales de las licencias de uso de suelo.

Por ello, la Diputada Local propuso establecer de manera expresa que, en tanto no se modifiquen los planes y programas de desarrollo urbano, atlas de riesgo y demás disposiciones legales aplicables vigentes en la fecha en que se emitieron las autorizaciones de uso de suelo no se deberán exigir renovaciones ni refrendos.

«Por regla general la vigencia de las licencias o dictámenes de uso de suelo se otorgan de forma indefinida ya que están vinculadas a las características físicas del inmueble y a los planes de desarrollo urbano y no al transcurso del tiempo… el dictámen de uso de suelo acredita la compatibilidad del uso del predio autorizado con los planes de desarrollo urbano, por lo tanto, si no ha cambiado el uso de suelo autorizado y los planes o programas de desarrollo urbano, atlas de riesgo u otras disposiciones aplicables siguen vigentes sin modificación, no existe justificación legal para cobrar un refrendo», reclamó.

Esto es así ya que ni la Ley de la construcción del Estado de Tlaxcala; ni la Ley de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano, ni la Ley Municipal del Estado de Tlaxcala contemplan una disposición distinta, no obstante, ninguna fija expresamente la vigencia del uso de suelo.

Por lo anterior, la perredista propuso adicionar el Artículo 27 BIS a la Ley de la Construcción para establecer tal disposición y dotar de certeza jurídica y prohibir a los ayuntamientos hacer un cobro por un servicio administrativo que no cambia anualmente.