Por Mauricio Hernández Olaiz

En Tlaxcala hay cosas que aparecen de la noche a la mañana y personajes que, de pronto, desaparecen de la escena pública. Lo curioso es que, cuando uno comienza a juntar las piezas, pareciera que unas cosas tienen mucho que ver con las otras. Empresas que nacen prácticamente al mismo tiempo que Lorena Cuéllar llega al poder, contratos millonarios que se entregan por adjudicación directa, negocios cuyos propietarios o representantes tienen vínculos de amistad con la mandataria, funcionarios de su administración o familiares de estos, y proyectos que se anuncian como la gran solución a los problemas del estado, aunque nadie termine de explicar cómo, quiénes y bajo qué condiciones los hicieron posibles.

Las investigaciones periodísticas de Gentetlx han puesto sobre la mesa una cifra que debería obligar a más de uno a dar explicaciones: 3 mil 600 millones de pesos en contratos cuestionados.

Empresas de reciente creación, comercializadoras que lo mismo venden medicamentos que papelería, equipo de cómputo o ejecutan obras millonarias; adjudicaciones directas, expedientes bajo reserva y obras faraónicas denominadas ciudades,  cuya transparencia sigue siendo una asignatura pendiente.

Pero si a esos 3 mil 600 millones les agregamos los más de 10 mil millones de pesos que la propia gobernadora ha presumido como inversión acumulada en materia de tecnología para la seguridad, estamos hablando de una dimensión económica verdaderamente gigantesca.

Una cantidad que incluye el C5I, los centros de control y comando municipales, infraestructura, equipamiento, tecnología y otras instalaciones relacionadas con la seguridad pública. Y aquí aparece otra pregunta inevitable: ¿cuánto dinero gasta realmente el gobierno de Lorena Cuéllar en sus proveedores y quién vigila que cada peso esté bien gastado?

 Porque no solamente hablamos de grandes construcciones o sofisticados sistemas de vigilancia, también hay que sumar desayunos fríos y calientes del DIF, coffee breaks para funcionarios, pantallas, mobiliario, vehículos, camionetas blindadas, traslados, viajes, espectáculos y prácticamente todo lo que una administración pública puede comprar o contratar. ¡Una auténtica locura!

Y si bien la gobernadora presume una inversión histórica en seguridad, también tendría que explicar cuánto costó cada componente, qué empresas participaron, cómo fueron asignados los contratos y, sobre todo, cuáles son los resultados tangibles de semejante desembolso.

“DESAPARECIDO”.

Y aunque la responsabilidad política recae inevitablemente en Lorena Cuéllar, como titular del Ejecutivo y responsable de su administración, hay un personaje, creo yo, que merece ocupar un lugar especial en esta historia. Un hombre que durante más de cuatro años fue uno de los funcionarios de mayor confianza de la mandataria, aunque siempre se mantuvo en un discreto segundo plano: Ramiro Vivanco Chedraui.

Hasta su salida, en febrero de este año, Vivanco fue titular de la Oficialía Mayor de Gobierno, una de las dependencias estratégicas de la administración estatal. No era cualquier oficina ni cualquier responsabilidad. La Ley Orgánica de la Administración Pública le otorga atribuciones fundamentales en materia de adquisiciones, arrendamientos, contratación de servicios y procedimientos de licitación, invitación y adjudicación directa, además de los procesos de contratación de obra pública. En otras palabras, la dependencia que encabezaba era una pieza central en la maquinaria de compras y contrataciones del gobierno estatal y probablemente, de los negocios personales de la mandataria.

Por eso, ante el cúmulo de contratos cuestionados recientemente, la pregunta es inevitable: ¿qué papel desempeñó Ramiro Vivanco? ¿Qué procedimientos conoció, cuáles autorizó, cuáles supervisó y qué observaciones hizo ante las adjudicaciones que hoy están bajo cuestionamiento? No se trata de atribuirle automáticamente todas las irregularidades, pero tampoco podemos fingir que fue un simple espectador. Su posición y sus atribuciones obligan a revisar su actuación.

Por cierto, de las pocas ocasiones en que se dejó ver públicamente fue durante la presentación del malogrado Autotrén, aquel proyecto que pretendía convertirse en una solución de movilidad y terminó naufragando entre inconformidades, cuestionamientos y errores del propio gobierno. Entonces también llamó la atención la presencia de empresarios vinculados al apellido Chedraui entre quienes participarían en el proyecto. Una coincidencia que merece contexto y explicación.

Lo verdaderamente interesante vendría después. Desde finales de 2025 comenzaron las versiones sobre la ausencia de Vivanco en sus oficinas y una eventual confrontación con otro personaje muy cercano a la mandataria por el control de las contrataciones gubernamentales. En febrero su renuncia fue confirmada por la propia gobernadora, quien aseguró que se separaba para emprender otro proyecto y bla, bla, bla…quedó fuera…punto.

Pero aquí viene lo interesante. En los corrillos políticos y administrativos comenzó a mencionarse a un personaje que, sin ocupar un cargo formal dentro del gabinete, tendría cada vez mayor influencia en las decisiones del gobierno estatal, Salvador Ballesteros Rodríguez, pareja sentimental de la gobernadora. (personalmente desconozco si están casados).

Y Ballesteros no es un personaje que aparezca de la nada. Su presencia en reuniones oficiales de dependencias estatales ha sido documentada por medios de comunicación. Se dice que después de la salida de Ramiro Vivanco habría asumido un papel determinante en el manejo de las contrataciones y en la relación con los proveedores.

De ser cierto, la primera pregunta sería muy obvia, pero hay que hacerla…. ¿Quién le habría otorgado esas atribuciones?… ¿Con qué facultades podría intervenir, si es que lo hace, en decisiones que corresponden a funcionarios públicos?

Porque si algo debe quedar claro es que el gobierno no puede tener una estructura formal para cumplir con la ley y otra estructura informal para tomar las decisiones. La cercanía sentimental con quien gobierna no otorga facultades administrativas ni convierte a nadie en funcionario público.

Si las versiones son falsas, la administración Lorenista tiene una manera muy sencilla de despejar las dudas, transparentar todos los procedimientos, identificar a los responsables y mostrar quién decide sobre los miles de millones de pesos que se contratan.

Pero si son ciertas, entonces estaríamos frente a un asunto todavía más delicado, porque el manejo del dinero público no puede depender de influencias que no pasan por los mecanismos legales de la administración.

Y mientras tanto, los contratos siguen apareciendo. Colosal, Grupo Mira y Unbekannt son algunos de los nombres que han saltado recientemente a la discusión pública. ¿Quién los contrató, quién autorizó los procedimientos y quién responde por ellos? Ramiro Vivanco ya no está en la Oficialía Mayor, pero las preguntas sobre su gestión siguen vigentes. Y si ahora existe alguien más detrás de las decisiones, también tendrá que explicarse.

“APARICIONES”

 Y si de negocios que aparecen sin que nadie explique demasiado, hay uno que merece capítulo aparte…. Xotla.

De pronto, como por arte de magia, apareció el llamado Polo de Desarrollo de Economía Circular, un proyecto privado ubicado en Atlangatepec o Tetla o Tlaxco, ni se sabe bien dónde…Pero aparece justo cuando Tlaxcala enfrenta una severa crisis por la saturación y cierre de sus rellenos sanitarios, El gobierno lo presenta como el salvavidas; aunque el mismo gobierno afirma que no tiene nada que ver con él,…Y lo promociona para recibir las miles de toneladas de basura que generan los municipios del estado, y por ende los muchos millones de pesos que van de la mano.

¡Qué oportuna aparición! Cuando la triste historia se queda sin dónde depositar los residuos, surge un particular dispuesto a resolver el problema. Yo le pondría mejor el nombre de San Xotla, cosa que sin duda le causa gracia a los pobladores de la comunidad de Plan de Ayala.

Vienen la carretada lógica de preguntas…¿De dónde salió este proyecto?, ¿quiénes son sus propietarios?, ¿quién es el responsable de los terrenos?, ¿cuándo obtuvo los permisos?, ¿qué estudios de impacto ambiental respaldan su operación y por qué no se informó oportunamente a los ciudadanos sobre su instalación?

La investigación de Gentetlx documentó que el proyecto comenzó a desarrollarse apenas el pasado 6 de octubre y que, pese a tratarse de un negocio particular, el cual el maromero de la Juárez afirma categórico que la actual administración no tiene nada que ver, la Secretaría de Medio Ambiente lo recomienda a los 60 ayuntamientos como alternativa para disponer de sus residuos.

Otra cosa que genera sospecha es que se asegura que la Universidad Politécnica de Tlaxcala será quien opere un centro de investigación ambiental dentro del complejo, ¿La politécnica?, ¿Por qué no la UAT o la UNAM?, con todo respeto pero no es como que la politécnica de Tlaxcala tenga tan brillante reconocimiento en la materia como para ponerla al frente de semejante responsabilidad…¿No será porque es la que controla la mandataria? Bueno hasta Padilla fue su rector….

Por si faltara algo, habitantes de comunidades cercanas denunciaron que inicialmente les habían dicho que en el terreno se construirían jagüeyes, no un sitio para recibir basura. Eso si es Lorenista hasta la médula….las mentiras.

La Secretaría de Medio Ambiente, encabezada por Pedro Aquino, tiene mucho que explicar. También el gobierno estatal, que parece haber encontrado en un particular la solución a un problema que durante años debió atender con planeación e infraestructura pública.

Y es que, después de cinco años de una administración en la que las investigaciones periodísticas han documentado contratos, proveedores y negocios que involucran a personajes cercanos al poder, resulta inevitable que la aparición repentina de Xotla despierte suspicacias.  Mala para gobernar, buena para hacer negocios…

Al final, las dos historias se encuentran en el mismo punto: mientras unos personajes desaparecen, los negocios aparecen; mientras algunos funcionarios dejan sus oficinas, las empresas siguen recibiendo contratos; y mientras el gobierno presume soluciones, los ciudadanos siguen sin conocer toda la información.

Ramiro Vivanco ya no está en la Oficialía Mayor, pero eso no significa que las preguntas sobre su gestión hayan desaparecido. Salvador Ballesteros no ocupa un cargo formal en el gobierno, pero las versiones sobre su presunta influencia en las contrataciones merecen una respuesta. Xotla ya apareció, pero eso tampoco significa que sus propietarios, permisos y condiciones de operación deban permanecer ocultos.

En el gobierno de Lorena Cuéllar hay demasiadas apariciones que necesitan explicación y demasiados desaparecidos que todavía tienen cuentas pendientes con la transparencia.

@olaizmau

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