Para reformar la Ley General en la materia sobre el abastecimiento de medicamentos

Por Selene Sosa

En la Plenaria Ordinaria de este martes, la Diputada del Partido Acción Nacional (PAN), Míriam Esmeralda Martínez Sánchez, propuso diversas modificaciones a la Ley General de Salud para conocer el balance sobre el abastecimiento de medicamentos a las instituciones y el surtimiento de recetas y remitir dicha iniciativa al Congreso de la Unión.

El proyecto plantea adicionar los Artículo 51 BIS 4, 51 BIS 5, 104 BIS y 104 BIS TER a la Ley General de Salud en materia de información sobre la disponibilidad y seguimiento del suministro de medicamentos. «Ninguna receta pendiente debe quedar sin respuesta», reclamó la panista.

Y es que, expuso, de acuerdo con el propio Programa Sectorial de Salud y e Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), en 2025 sólo el 53.55 por ciento de las recetas emitidas fueron surtidas, al tiempo que el 89 por ciento de los surtimientos incompletos se debieron a la falta de medicamentos.

Tales datos implican para las familias afectadas gastos no previstos, no sólo por la compra de medicamentos faltantes, sino por la falta de respuesta de la institución de salud, lo que termina repercutiendo en la economía de los hogares o, incluso, en la suspensión de los tratamientos médicos.

«La respuesta institucional ante un tratamiento pendiente no es un asunto administrativo menor, sino una condición para que el derecho reconocido (el de salud) pueda ejercerse», aseveró la panista.

En su propuesta, Martínez Sánchez plantea que las instituciones de salud trabajen de manera coordinada y constitucionalmente obligatoria para informar a los usuarios sobre el abastecimiento de sus medicamentos, así como el surtimiento de las recetas, entre otros datos indispensables.

«Esta propuesta de reforma no crea prestaciones económicas ni reembolsos, no modifica procedimientos de contratación ni los catálogos de medicamentos y no traslada a las personas usuarias la carga de reclamar, su objetivo es que cada institución registre, informe y dé seguimiento a lo que ya está obligado a entregar».

Cabe señalar que, en su proyecto, Míriam Martínez reconoció que fijar obligaciones comunes para las instituciones federales y estatales es competencia del Congreso de la Unión, por lo que solicitó a sus pares del Pleno aprobar y remitir su propuesta de manera respectiva.

Su proyecto, fue dado a conocer previamente en el Comité Directivo Estatal (CDE) del Partido Acción Nacional (PAN) con el respaldo de sus integrantes y militancia y surgió de sus recorridos como Coordinadora Estatal de la Defensa de la Familia, Patria y Libertad.