Las amenazas se realizaron también contra un menor de edad

Por Selene Sosa

Luego de que se dio a conocer sobre las amenazas de las que ha sido objeto la activista defensora de derechos humanos, Yeny Charrez Carlos, la Comisión Estatal de Derechos Humanos Tlaxcala (CEDHT) emitió un llamamiento urgente a la Oficina de Protección a Personas Defensoras de DH para atender dicha situación.

Aparentemente por ventilar los atropellos, irregularidades y casos de tortura de los que son víctimas Personas Privadas de su Libertad (PPLs) en el Centro de Reinsersión Social (CERESO) de Tlaxcala, la abogada recibió diversas amenazas en su contra y contra su menor hijo.

Al respecto, la Comisión de Derechos Humanos, que dirige Jakqueline Ordoñez Brasdefer, emitió un Pronunciamiento Institucional para que la Oficina adscrita a la Secretaría de Gobierno (SEGOB) atienda de manera urgente el caso que pudiera representar un verdadero riesgo para la activista.

Para ello, la CEDHT puntualizó que la Oficina de Protección debe actuar con inmediatez y prontitud en la investigación del caso, recibir y coordinar con las instancias correspondientes la aplicación inmediata de las medidas de protección y de protección urgente.

Así como auxiliar a la persona agraviada, es decir, Yeny Charrez, para que pueda presentar las quejas o denuncias ante las autoridades correspondientes.

En ese sentido, cabe mencionar que, la abogada presentó en septiembre una queja ante la propia CEDHT y una denuncia ante la Fiscalía General de Justicia del Estado de Tlaxcala (FGJET) contra el ahora ex director del CERESO, Iván Sánchez De la Torre, independiente a las amenazas que recibió en los últimos días.

«La Comisión Estatal… hace un llamado a las autoridades competentes para atender con prontitud los hechos denunciados por una persona defensora de derechos humanos, respecto de recibir amenazas y adoptar medidas de protección para salvaguardar su integridad y la de su familia».

El exhorto va dirigido también al Estado, a las autoridades municipales y el Gobierno Federal, bajo el marco normativo aplicable, como la Ley para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, vigente desde 2022.