Colaboración Invitada

La crisis de la basura en Tlaxcala tiene responsables políticos y administrativos. No es un problema que haya surgido de repente ni una contingencia imposible de anticipar. Es el resultado de una falta de previsión gubernamental que hoy tiene a los municipios buscando dónde depositar sus residuos y a la población enfrentando las consecuencias de decisiones que debieron tomarse con anticipación.

El gobierno de Lorena Cuéllar Cisneros tuvo tiempo para construir una alternativa. El problema de los sitios de disposición final era conocido. Las condiciones de operación y las advertencias ambientales no eran nuevas. Sin embargo, la entidad llegó al cierre de instalaciones sin contar con una solución consolidada que garantizara la continuidad del servicio.

¿Cómo es posible que un gobierno que conoce las condiciones de sus sitios de disposición final no haya previsto una salida antes de llegar a una situación de emergencia?

No se trata de cuestionar la necesidad de cerrar instalaciones que ya no reúnen las condiciones ambientales o sanitarias necesarias. Sin embargo, lo que no puede justificarse es que una decisión de esa naturaleza no esté acompañada de una alternativa viable, autorizada y suficiente.

El problema tampoco puede trasladarse exclusivamente a los ayuntamientos. Es cierto que el artículo 115 constitucional les asigna la responsabilidad de los servicios de limpia, recolección, traslado, tratamiento y disposición final de residuos. Pero eso no exime al Gobierno del Estado de su obligación de coordinar, acompañar y construir una política ambiental que atienda un problema que rebasa las capacidades de muchos municipios.

La dimensión de la crisis es considerable. Tlaxcala genera alrededor de mil 470 toneladas de residuos al día. El 31 de octubre dejó de recibir basura el relleno sanitario de Atlangatepec, y dos días después todavía no existía información pública suficiente sobre el destino de los residuos de los 60 municipios. Incluso comenzaron las suspensiones del servicio de recolección en distintas demarcaciones.

Las complicaciones aumentaron con el rechazo de habitantes de Plan de Ayala, en Tetla, y de comunidades de Tlaxco y Atlangatepec al proyecto privado de disposición de residuos conocido como Xotla. El 1 de noviembre, pobladores bloquearon los accesos para impedir el ingreso de camiones recolectores. Al día siguiente, la inconformidad continuaba y los vecinos cuestionaban la falta de información sobre el proyecto, sus autorizaciones y los posibles efectos ambientales. La oposición no se limitó a una protesta aislada: el 4 de noviembre, habitantes de distintas comunidades formaron un frente común para solicitar la suspensión del proyecto.

El conflicto en Xotla tuvo consecuencias inmediatas. Ante el bloqueo y la falta de alternativas, el Gobierno estatal permitió que el sitio de Atlangatepec recibiera residuos por única ocasión el 3 de noviembre. La medida buscó atender la emergencia, pero no significó la reapertura definitiva del relleno sanitario. Mientras tanto, al menos siete municipios continuaban enfrentando interrupciones importantes en la recolección, y otros aplicaban restricciones. El problema dejó de ser una advertencia para convertirse en una afectación cotidiana para miles de familias. La crisis exhibe una contradicción: se cerró un sitio sin que estuviera garantizada una alternativa capaz de operar sin conflictos y sostener el servicio.

En este escenario aparece Santiago Cuaula, comunidad de Calpulalpan, donde el proyecto de infraestructura para el manejo de residuos permanece detenido ante la inconformidad de sus habitantes. La oposición de la población no puede despacharse como un simple obstáculo para las decisiones gubernamentales. Cuando una obra tiene implicaciones ambientales y sociales, la autoridad está obligada a informar, explicar y escuchar.

La declaratoria de emergencia ambiental puede facilitar acuerdos y medidas extraordinarias, pero no sustituye la planeación que debió existir. Tampoco resuelve por sí misma el problema financiero que enfrentan los ayuntamientos al tener que trasladar sus residuos a otros lugares. Las alternativas privadas y fuera del estado pueden atender una contingencia, pero no representan necesariamente una solución permanente.

Lorena Cuéllar tiene ante sí una responsabilidad que no puede evadir. Su administración debe explicar qué ocurrió, qué alternativas tiene y cuál será la política pública para evitar que Tlaxcala vuelva a enfrentar una crisis de esta naturaleza. No es suficiente convocar a los alcaldes, emitir recomendaciones o pedir a la ciudadanía que separe sus residuos. Se necesitan decisiones, presupuesto, infraestructura y resultados.

Lo que hoy se acumula en las calles y en los hogares es reflejo de una administración que no consiguió anticiparse a un problema conocido.

Gobernar significa prever, pero en el manejo de los residuos, Tlaxcala está pagando el costo de no haberlo hecho a tiempo. La gobernadora tiene mucho qué explicar.