La Unidad de Inteligencia Financiera bloqueó las cuentas de 25 personas y 15 empresas vinculadas con proveedores electorales, entre ellas las de la exconsejera presidenta del INE, Guadalupe Taddei, y compañías relacionadas con una investigación por presunto tráfico de influencias.

Fuente: LA SILLA ROTA

La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) incorporó a 40 personas, entre físicas y morales, a su Lista de Personas Bloqueadas tras detectar operaciones financieras que, de acuerdo con la Secretaría de Hacienda, presentan elementos de riesgo y deben ser revisadas por las autoridades competentes.

Entre las personas señaladas se encuentra Guadalupe Taddei Zavala, quien dejó la presidencia del Instituto Nacional Electoral (INE) el pasado 25 de octubre, así como empresas relacionadas con proveedores electorales, entre ellas Cajas Graf y Formas Finas, propiedad de Raymundo Alfredo Hernández Casillas.

La medida también alcanza a otras personas y compañías que aparecen vinculadas con el entramado empresarial que ha sido objeto de cuestionamientos por contratos otorgados para la producción de materiales electorales.

La UIF explicó que el bloqueo es una medida preventiva y precautoria de carácter administrativo. Es decir, no constituye por sí mismo una declaración de responsabilidad ni una sentencia.

Las personas incluidas en la lista pueden ejercer los mecanismos de defensa y la garantía de audiencia previstos en la legislación.

El hilo que lleva hasta los contratos del INE

El caso tiene como uno de sus principales puntos de interés los contratos asignados a empresas proveedoras de materiales electorales.

De acuerdo con la información difundida sobre la investigación, Cajas Graf y otras compañías relacionadas con los hermanos Hernández Casillas aparecen vinculadas con contratos del INE, entre ellos los destinados a la elección extraordinaria del Poder Judicial de 2025.

Uno de los elementos que ha llamado la atención de las autoridades es la relación entre personas cercanas a la entonces presidenta del INE y algunas de las empresas que recibieron contratos.

Entre esos vínculos aparece Jonathan Navarrete Torres, quien era identificado como chofer y persona de confianza de Taddei y que, según los documentos citados en la investigación, figuraba también como apoderado legal de una de las empresas relacionadas con los proveedores.

La revisión busca determinar si estas relaciones tuvieron alguna incidencia en los procesos de contratación y en el movimiento posterior de los recursos.

¿Qué encontró la UIF?

El comunicado de Hacienda no detalla las operaciones específicas que llevaron al bloqueo de las cuentas. Sí señala que los análisis financieros identificaron elementos de riesgo relacionados con personas y empresas vinculadas con proveedores electorales.

A partir de esos hallazgos, la UIF presentó una denuncia ante la Fiscalía General de la República (FGR) para que realice las investigaciones correspondientes y determine si existen responsabilidades conforme a derecho.

Ese paso marca una diferencia importante: la UIF realiza el análisis financiero y aplica la medida administrativa, mientras que corresponde a la FGR investigar posibles delitos y, en su caso, determinar las responsabilidades que procedan.

Un expediente que ahora pasa a la Fiscalía

El bloqueo de las cuentas ocurre después de semanas de cuestionamientos sobre contratos, relaciones empresariales y funcionarios vinculados con la administración de Taddei.

La investigación también alcanza a otras personas físicas y morales relacionadas con proveedores electorales. En total, son 40 los integrantes de esta lista: 25 personas físicas y 15 empresas.

Por ahora, la UIF no presentó públicamente una resolución que determine que las personas bloqueadas hayan cometido un delito. Su comunicado insiste en que la actuación es preventiva y que se mantiene la presunción de inocencia.

El siguiente paso estará en manos de las autoridades investigadoras, que deberán revisar el origen, destino y movimientos de los recursos señalados para establecer si detrás de las operaciones existen responsabilidades administrativas, fiscales o penales.