La movilización se realizará de 7:00 a 18:00 horas en distintos puntos del estado; los inconformes aseguran que mantendrán un carril abierto y permitirán el paso de vehículos particulares y ambulancias.

Por Stephany Rodríguez

Organizaciones del autotransporte de carga anunciaron su participación en el paro nacional previsto para este 26 de octubre, con movilizaciones en distintos puntos de Tlaxcala, para exigir mayores condiciones de seguridad en carreteras, regulación de los servicios de grúas y corralones, mantenimiento de la infraestructura vial y cambios en las disposiciones fiscales y laborales que afectan al sector.

Durante una rueda de prensa realizada este domingo 25 de octubre, representantes de la Cámara Nacional del Autotransporte de Carga (CANACAR), la Honorable Alianza Mexicana de Organización de Transportistas (HAMOTAC), INDECO y otras agrupaciones expusieron las principales problemáticas que enfrenta el gremio y señalaron que la movilización busca obtener respuestas concretas de las autoridades federales, estatales y municipales.

Los representantes aclararon que la protesta no tiene fines políticos y sostuvieron que las exigencias están relacionadas con las condiciones de operación de los transportistas, cuyos costos, afirmaron, repercuten también en los precios de los productos que llegan a los consumidores.

Uno de los principales reclamos es la inseguridad en las carreteras, debido a los robos de unidades y mercancías, las extorsiones y los delitos contra los operadores, incluidos la privación ilegal de la libertad y el secuestro. Por ello, solicitaron mayor presencia de las autoridades en los corredores de mayor riesgo, mesas de trabajo con los gobiernos estatales y municipales, así como una supervisión más estricta de los retenes.

También denunciaron presuntas prácticas de extorsión durante algunos operativos carreteros y pidieron que las denuncias presentadas por las víctimas reciban atención adecuada, sin revictimizar a los operadores afectados por hechos delictivos.

Otro de los puntos señalados fue el funcionamiento de los servicios de grúas y corralones de jurisdicción estatal y municipal. De acuerdo con los transportistas, existen cobros excesivos, maniobras que consideran injustificadas y periodos prolongados de retención de las unidades, lo que impide que los vehículos continúen trabajando y genera pérdidas económicas.

Ante esta situación, plantearon reformar la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial para establecer reglas homologadas en todo el país, con padrones públicos de prestadores de servicios, tarifas máximas oficiales, comprobantes de cobro desglosados y procedimientos efectivos de queja. Asimismo, solicitaron que las demoras atribuibles a las autoridades no generen cargos adicionales por estancia.

En materia fiscal, los representantes manifestaron su rechazo a la propuesta de reducir de 300 a 250 millones de pesos el límite de ingresos acumulables para acceder al estímulo que permite acreditar contra el impuesto sobre la renta hasta 50 por ciento de los gastos en peajes, conforme a los requisitos aplicables.

Como alternativa, propusieron elevar el límite a 420 millones de pesos, mantener el beneficio y evitar que las empresas deban reintegrar estímulos correspondientes a periodos en los que sí cumplían con las condiciones establecidas.

Advirtieron que una reducción del beneficio podría incentivar el uso de carreteras libres de peaje, donde señalaron que los operadores enfrentan mayores riesgos de inseguridad, accidentes y bloqueos. También sostuvieron que el incremento de los costos de operación puede trasladarse al precio final de las mercancías.

Respecto a la reducción de la jornada laboral, el sector expresó que respalda el objetivo de mejorar las condiciones de trabajo, pero pidió homologar la bitácora de horas de conducción prevista en la NOM-087 con el registro electrónico de la jornada laboral, cuya obligatoriedad está prevista para el 1 de enero de 2027.

Los transportistas consideraron necesario establecer criterios que distingan entre el tiempo de trabajo activo y los periodos de disponibilidad o espera, debido a que las operaciones de largo recorrido incluyen demoras en puertos, centros de carga y otros puntos logísticos que no dependen directamente del operador.

En cuanto a la movilidad y la sobrerregulación, señalaron que las disposiciones estatales y municipales pueden generar restricciones de circulación, permisos adicionales y cobros por maniobras de carga y descarga. Por ello, solicitaron la intervención del Ejecutivo federal para armonizar las normas y evitar duplicidades que, a su consideración, elevan los costos del transporte.

La infraestructura carretera también figuró entre las principales demandas. Según las cifras expuestas por los representantes, de los 53 mil 287 kilómetros de la red federal de carreteras libres y de cuota, únicamente 21 por ciento registró condiciones óptimas de servicio durante 2025, mientras que el resto presentó limitaciones para la circulación.

Además, estimaron que el deterioro de las carreteras generó sobrecostos por 411 mil millones de pesos para la operación del autotransporte de carga durante ese año. En consecuencia, solicitaron incrementar los recursos destinados al mantenimiento y rehabilitación de las vías, así como garantizar condiciones adecuadas en las autopistas de cuota por las que pagan peaje.

Incluso propusieron que se revise el cobro de peaje en las carreteras que no se encuentren en condiciones adecuadas de circulación.

Movilización en distintos puntos de Tlaxcala

Sobre las acciones previstas para este lunes 26 de octubre, los representantes informaron que las concentraciones se realizarán en la carretera Tlaxco, a la altura de Mena; en la zona conocida como La Y, con dirección a la Ciudad de México y hacia Tlaxcala y Apizaco; así como en San Antonio Calpulalpan y otros puntos donde participarán transportistas de la región.

La convocatoria está prevista de las 7:00 a las 18:00 horas, aunque su duración podría modificarse conforme a las indicaciones de los dirigentes nacionales.

Los organizadores precisaron que se tratará de un paro y no de un bloqueo total, pues contemplan mantener un carril abierto para permitir el paso de vehículos particulares y ambulancias. No obstante, recomendaron a la población tomar precauciones y evitar desplazamientos innecesarios durante la jornada.

Finalmente, los representantes insistieron en que buscan establecer acuerdos con las autoridades para mejorar las condiciones del sector y evitar mayores afectaciones económicas. Aseguraron que su intención es continuar con sus actividades productivas, pero con garantías de seguridad, reglas claras y una infraestructura que permita trasladar las mercancías de manera eficiente.