EL UNIVERSAL analizó las declaraciones de 111 aspirantes de la 4T que buscan ser candidatos estatales; la información patrimonial de un tercio no es verificable.

Fuente: EL UNIVERSAL

Uno de cada tres funcionarios o exfuncionarios que buscan una candidatura de la 4T para las elecciones de 2027 carecen de un patrimonio verificable. A finales de junio, Morena realizó el registro presencial de aspirantes para encabezar las “coordinaciones estatales de defensa de la transformación y la soberanía nacional”, figura que en los hechos representa la candidatura de la coalición oficialista para las elecciones de gubernaturas en 17 estados el próximo año.

EL UNIVERSAL analizó la trayectoria y las declaraciones patrimoniales de 111 aspirantes con antecedentes en el servicio público cuya identidad pudo verificarse. De ellos, 38 no tienen un registro patrimonial verificable, ya sea porque no se encuentran disponibles sus declaraciones patrimoniales, porque en ellas reportaron no tener bienes a su nombre o porque optaron por no hacer pública esa información.

En total, Morena informó que 277 personas se inscribieron al proceso, tanto de manera presencial como en línea. Sin embargo, el partido no difundió la lista completa de aspirantes, por lo que únicamente fue posible identificar y revisar la información relativa a 120 participantes, la mayoría funcionarios en activo o exfuncionarios.

Actualmente, la Comisión Nacional de Elecciones del partido revisa las inscripciones y aplica filtros para descartar perfiles ligados a nepotismo, antecedentes de corrupción, violencia política contra las mujeres, deudores alimentarios, entre otros. Una vez concluida la revisión, sólo quedarán un máximo de seis aspirantes por estado que aparecerán en las encuestas cuyo resultado definirá a las coordinadoras y coordinadores de defensa de la transformación.

Patrimonio bajo la lupa

De los 111 aspirantes con trayectoria en el servicio público, 73 tienen disponible su declaración patrimonial para consulta pública; 24 no registraron ningún bien inmueble o mueble en su declaración; en 10 casos no se localizó ninguna declaración patrimonial disponible y cuatro no aceptaron hacer pública su información patrimonial.

En algunos casos existen antecedentes de presuntas irregularidades vinculadas al patrimonio de quienes hoy buscan una gubernatura. Tal es el caso de la exalcaldesa de Tijuana, Montserrat Caballero Jiménez, de quien este diario no halló declaraciones patrimoniales accesibles al público.

En septiembre de 2024, el diario Reforma reveló que Caballero posee una casa ubicada en Playas de Tijuana con un valor de 16 millones de pesos. En julio de 2025, la exalcaldesa compareció ante la Sindicatura Municipal por supuestas omisiones en su declaración patrimonial vinculadas a información de su esposo. En entrevista con medios locales, rechazó haber acudido a comparecer por omisiones relacionadas con su vivienda.

Tres meses después, en octubre, la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila Olmeda, confirmó que Montserrat Caballero estaba siendo investigada por la Fiscalía General de la República (FGR), a través de la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO), por presuntos nexos con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

La exalcaldesa ha negado estar ligada a grupos criminales e incluso aseguró que su nombre figura en carpetas de la FGR como “víctima”, según reportó el Semanario ZETA en julio de este año.

Otro caso es el de Abelina López Rodríguez, alcaldesa con licencia de Acapulco, quien en 2025 fue señalada por la Auditoría Superior del Estado de Guerrero debido al manejo irregular de 898 millones de pesos durante su gestión. El órgano auditor señaló entonces la falta de transparencia y comprobantes del uso del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FAISMUN).

Ante la falta de respuestas por parte de la alcaldesa a la petición de comprobantes del ejercicio del dinero federal, se interpuso una denuncia formal ante la Fiscalía estatal y el Ayuntamiento de Acapulco promovió una controversia constitucional para que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) determinara si el órgano fiscalizador estatal podía revisar los recursos del FAISMUN. El pasado 26 de junio, la SCJN anuló la auditoría.

Durante su gestión como alcaldesa, López Rodríguez no ha aceptado hacer pública la información de sus declaraciones patrimoniales y de intereses, aunque sí la presentó cuando fue diputada federal, hasta 2021.

Otro caso es el de José María Tapia Franco, quien fue candidato de la coalición Morena-PT-PVEM a la alcaldía de Querétaro en 2024, senador del PRI entre 2015 y 2018 y extitular del Fondo de Desastres Naturales (Fonden) durante la administración del expresidente Enrique Peña Nieto.

En su última declaración patrimonial de conclusión disponible, correspondiente a 2016, el funcionario señaló no estar de acuerdo en hacer públicos sus datos patrimoniales ni posibles conflictos de interés.

Tapia Franco ha sido objeto de investigaciones periodísticas y oficiales vinculadas a su patrimonio y su gestión en el Fonden. En 2020, la Secretaría de la Defensa Nacional adjudicó un contrato a su empresa Soluciones Integrales en Gestión de Riesgos de Desastres, S.A. de C.V., por 52.6 millones de euros para la adquisición de ventiladores mecánicos durante la pandemia de COVID-19.

En 2024, Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad reportó que el exfuncionario adquirió un departamento de más de 6.5 millones de dólares en una zona exclusiva de Miami. El medio identificó un incremento en sus ingresos posterior al periodo en que recibió el contrato por parte de las Fuerzas Armadas.

EL UNIVERSAL consultó a la excomisionada del extinto Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), Julieta del Río Venegas, quien afirmó que todos los servidores públicos, desde regidores hasta gobernadores, están obligados a hacer públicas las versiones públicas de sus declaraciones patrimoniales.

“La Ley General de Transparencia aplica para todos”, sostuvo.

Explicó que la única información que debe reservarse son los datos personales cuya difusión afecte la vida privada de los servidores públicos, como domicilios, números de cuentas bancarias y otros datos sensibles. Agregó que las legislaciones locales no pueden establecer excepciones que impidan hacer públicas las declaraciones patrimoniales y de intereses.

17 aspirantes enfrentan denuncias o investigaciones

De los 120 perfiles analizados, este diario identificó al menos 17 aspirantes a las candidaturas que han enfrentado investigaciones, denuncias o señalamientos por corrupción, enriquecimiento ilícito y campañas adelantadas.

LEE AQUÍ LA NOTA COMPLETA: https://www.eluniversal.com.mx/grafico/nacion/tres-de-cada-diez-aspirantes-de-la-4t-a-gubernaturas-deja-vacios-sobre-su-patrimonio-111-funcionarios-buscan-candidaturas/