Columna Invitada

En Tlaxcala comienza a instalarse una práctica política que parecía superada: el uso descarado del poder público para fabricar candidaturas desde el gobierno. Lo preocupante no es únicamente la promoción anticipada del presidente municipal de la capital, Alfonso Sánchez García, sino la dimensión institucional del aparato que hoy opera para intentar convertirlo en candidato a gobernador.

Las bardas, mantas, espectaculares y toda clase de propaganda siguen apareciendo por distintos puntos del estado sin que exista autoridad capaz de poner un límite. Y eso ocurre porque el Instituto Tlaxcalteca de Elecciones (ITE) ha optado por mirar hacia otro lado. La inacción del órgano electoral resulta ya insostenible, pero más grave aún es la percepción creciente de parcialidad de su presidente, Emmanuel Ávila González, frente a los excesos evidentes que se están cometiendo.

No se trata únicamente de propaganda política disfrazada. Lo verdaderamente delicado es que distintas áreas gubernamentales se han involucrado, abierta o discretamente, en la promoción del alcalde capitalino. La operación no parece limitada al ayuntamiento de Tlaxcala. Cada vez son más las voces que señalan la participación de estructuras del propio gobierno estatal, así como de otros espacios públicos, poderes, ayuntamientos y organismos autónomos, en tareas de movilización, promoción y financiamiento político.

Todo esto ocurre mientras en Morena comienzan a moverse las piezas rumbo a la definición de candidaturas para 2027. Las encuestas internas ya están en marcha o están por iniciar, y quienes respaldan al hijo del ex gobernador Alfonso Sánchez Anaya parecen decididos a utilizar toda la maquinaria disponible para intentar posicionarlo, aun cuando ello implique romper cualquier principio de equidad política o ética pública.

Sin embargo, hay un problema que ni la propaganda ni la operación oficial pueden ocultar: el llamado “delfín” no despega.

Las encuestas serias muestran que Alfonso Sánchez García no logra crecer en posicionamiento rumbo a una eventual candidatura de Morena. Pero más preocupante para su proyecto es otro dato: tampoco consigue consolidar una buena evaluación como presidente municipal de Tlaxcala. Su administración enfrenta cuestionamientos constantes y una percepción ciudadana que difícilmente puede maquillarse con campañas publicitarias.

El problema de fondo es que en Tlaxcala se intenta repetir un viejo modelo político: el de imponer sucesores desde el poder. La gobernadora Lorena Cuéllar Cisneros, en acuerdo político con Alfonso Sánchez Anaya, parece haber apostado por acelerar una sucesión adelantada, tal como en su momento lo intentó Mariano González Zarur desde el gobierno estatal. La lógica es la misma: utilizar el aparato gubernamental para construir, en tiempo récord, una candidatura oficial.

Pero la realidad política suele imponerse sobre las decisiones cupulares. Porque más allá del respaldo institucional, Alfonso Sánchez García ha evidenciado limitaciones que difícilmente pueden esconderse. La falta de experiencia gubernamental es visible, pero también lo es la ausencia de solidez política e intelectual. Sus intervenciones públicas frecuentemente exhiben carencias discursivas y dificultades para conectar con auditorios cada vez más críticos y más informados.

Y eso es precisamente lo que comienza a rechazar una parte importante de la sociedad tlaxcalteca: la continuidad de una élite política que se ha acostumbrado a ejercer el poder como patrimonio familiar o de grupo.

La ciudadanía tlaxcalteca ha demostrado madurez política suficiente para distinguir entre liderazgo auténtico y promoción artificial. Y tarde o temprano, esa diferencia termina reflejándose en las urnas. El grupo en el poder debiera recordar algo: ningún espectacular puede sustituir la legitimidad. Y ningún aparato gubernamental puede garantizar, por sí solo, el respaldo ciudadano.