Desde el SESNSP, autoridades locales han negado la existencia de denuncias

Por Selene Sosa

La Gobernadora de Tlaxcala, Lorena Cuéllar Cisneros, junto con su Gabinete de Seguridad y la titular de la Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJET), Ernestina Carro Roldán, han negado la existencia de casos de trata con fines de explotación sexual, sin embargo, diversas organizaciones civiles evidenciaron la posible manipulación de cifras.

El Centro Fray Julián Garcés, Derechos Humanos y Desarrollo Local (CFGJ) encabezó un foro en el que se analizó el avance en la atención de la trata de personas, especialmente de mujeres y niñas, con fines de explotación sexual en Puebla y Tlaxcala, tras 22 años de la entrada en vigor del Protocolo para prevenir, reprimir y sancionar la trata.

En el diálogo participaron activistas y académicas de ambas entidades, quienes evidenciaron la nula atención de las autoridades estatales para eliminar dicha problemática. Por lo que respecta a Tlaxcala, el Fray Julián detalló que de 2022 a junio de 19 se han abierto 19 Carpetas de Investigación.

Es decir, prácticamente desde el inicio de la administración de la electa de Movimiento Regeneración Nacional (MORENA) en Tlaxcala, ha habido casi una veintena de indagatorias, sin embargo, desde el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) se ha negado el registro de casos.

En el mismo periodo, la FGJET ha atendido a 53 víctimas de trata con fines de explotación sexual, dicha cantidad posicionaría a Tlaxcala como la tercera entidad con más víctimas en el país, detrás de Quintana Roo y el Estado de México, no obstante, ante la negativa de las autoridades Tlaxcala “no tiene registros” desde enero de 2023 a septiembre de 2025.

Además, en Tlaxcala no existe un refugio especializado que brinde protección y apoye a las víctimas de trata a la reconstrucción de su vida, lo que fue reclamado por las Organizaciones No Gubernamentales (ONG).

Dado lo expuesto, las organizaciones civiles reclamaron a los Poderes del Estado, tanto de Puebla como de Tlaxcala, fortalecer sus legislaciones y la política pública para la prevención de la trata, la protección de las víctimas y la garantía del acceso a la justicia, así como operar de manera eficiente los Programas Estatales para su prevención y erradicación.