Columna Invitada

El Partido del Trabajo (PT) tiene derecho a participar en la discusión sobre una eventual coalición electoral en Tlaxcala. Lo que no puede pretender es que su participación se convierta en una segunda vuelta para revisar una decisión que Morena ya tomó mediante su propio procedimiento interno.

Ana Lilia Rivera Rivera fue designada coordinadora de la Defensa de la Cuarta Transformación y la Soberanía en Tlaxcala. Esa determinación tiene un significado político, y es que Morena definió quién encabezará sus trabajos rumbo a 2027 y colocando a la originaria de Calpulalpan en el centro de su proyecto estatal.

Rivera no llegó a esa responsabilidad por una negociación entre dirigentes de partidos aliados, sino por un proceso interno de Morena. Por eso, si el objetivo es construir una coalición, el punto de partida debe ser el respeto a esa definición.

El Partido Verde Ecologista de México (PVEM) ya manifestó públicamente su respaldo a Ana Lilia Rivera y su disposición a trabajar en la construcción de la unidad. Su dirigencia reconoció el resultado del proceso y planteó incorporarse a los trabajos de la coalición. Es una señal política que debe valorarse en su justa dimensión.

El PT, en cambio, ha adoptado otra postura. Su dirigencia estatal afirma que respeta el procedimiento de Morena, pero sostiene que la candidatura a la gubernatura debe discutirse en una mesa entre las fuerzas políticas de la Cuarta Transformación. También ha señalado que Rivera será considerada como la propuesta de Morena, sin dar por definida la candidatura de la coalición.

Una cosa es participar en la construcción de acuerdos para ampliar una alianza y otra es pretender que la candidatura se ponga en disputa después de que uno de sus integrantes ya resolvió quién encabezará su proyecto.

El PT puede presentar argumentos, defender sus posiciones y negociar los términos de una alianza. Lo que no ha explicado es qué aporta a esa discusión y por qué considera necesario abrir una nueva etapa de definición. La negociación política no puede reducirse a la facultad de cada dirigencia para reservarse una decisión hasta obtener condiciones más favorables.

No se minimiza al PT. En Tlaxcala cuenta con una base electoral propia, representación legislativa y una trayectoria política que le permite participar en las negociaciones rumbo a 2027. Su papel dentro de la Cuarta Transformación no es irrelevante.

Pero tampoco es una fuerza que pueda reclamar para sí una capacidad de decisión ilimitada. Su participación en una eventual coalición debe guardar relación con su representación, sus resultados electorales y su aportación política y territorial.

El problema aparece en una discusión sobre su democracia interna. En Tlaxcala, el PT enfrenta una crítica que de ninguna forma puede eludir, y es que la concentración de posiciones políticas en la familia Garay. Silvano Garay Ulloa ha ocupado responsabilidades de dirección partidista; su hija, Irma Yordana Garay Loredo, es diputada federal, y su hijo, Silvano Garay Loredo, ocupa una diputación local.

No se trata de afirmar que sus nombramientos sean ilegales ni de desconocer el derecho de cualquier persona a participar en la política. El problema es que la concentración familiar de espacios de representación plantea preguntas legítimas sobre las oportunidades que tienen los demás militantes para competir, construir una trayectoria y acceder a responsabilidades públicas.

La democracia partidista necesita condiciones de competencia, mecanismos transparentes y oportunidades para que las candidaturas no parezcan reservadas a los grupos que controlan las estructuras internas.

Por eso, cuando el PT pide que la candidatura de una coalición se discuta entre las dirigencias, también debe aceptar que se examine su propia vida interna. No puede invocar la apertura democrática hacia afuera y considerar fuera de discusión la concentración de cargos dentro de su organización.

El señalamiento no descalifica a todos sus militantes ni borra la historia del partido. Pone el foco en la responsabilidad de las dirigencias de garantizar que la participación política no se convierta en una ventaja permanente para quienes ya tienen poder.

Mientras esa discusión ocurre, Ana Lilia Rivera tiene una responsabilidad concreta: encabezar los trabajos de Morena en Tlaxcala, fortalecer la organización territorial y convocar a quienes comparten el proyecto de transformación.

Su designación no sustituye los procedimientos legales y partidistas que deberán cumplirse para registrar una candidatura en 2027. Pero sí establece una definición política que no puede tratarse como si no hubiera ocurrido.

Morena tiene una responsabilidad particular porque es la fuerza que encabeza el proyecto nacional y porque ya definió a su coordinadora en Tlaxcala. Sus aliados tienen derecho a participar en la construcción de una candidatura común, pero también tienen la obligación política de reconocer el peso de esa decisión.

A estas alturas, la discusión no debería consistir en fingir que Morena no ha resuelto nada.

Ana Lilia Rivera cuenta con la definición interna de Morena y con el respaldo público del PVEM. Esos hechos la colocan en el centro de la construcción del proyecto rumbo a la gubernatura. El siguiente paso será formalizar los acuerdos y cumplir los procedimientos correspondientes.

Rumbo a 2027, Tlaxcala necesita una discusión seria sobre el proyecto de gobierno, no una competencia entre dirigencias por prolongar sus márgenes de negociación.