El gobierno de Tlaxcala le compró diez

Cortesía Fabián Robles/Faronoticias

Antes de vender algún vehículo blindado, la empresa Epel -a la que el gobierno de Lorena Cuéllar Cisneros le compró el año pasado diez de esas unidades- pregunta a sus potenciales clientes sobre la zona geográfica donde viven o desarrollan la mayor parte de sus actividades cotidianas, pero sobre todo ¿por qué tienen miedo?

Las respuestas a esas dos preguntas son clave para que la empresa esté en condiciones de recomendar a los compradores cuáles son las opciones que más les convienen según sus necesidades.

“Nosotros basamos nuestras recomendaciones en cuanto al nivel de blindaje en dos vertientes: la primera, según la zona geográfica en la que viven o desarrollan la mayor parte de sus actividades los usuarios finales del vehículo blindado, porque no es lo mismo un asalto a mano armada con pistolas de calibre .38, .380 o 9mm, que es el que más se emplea en la Ciudad de México, a un ataque perpetrado con una R15”.

“El segundo factor “que es el determinante para elegir un nivel, es la respuesta que nos dan los usuarios ante el cuestionamiento de ¿por qué quieren blindar su auto, a qué le tienen miedo?”, precisó en una entrevista para Milenio, Ernesto Mizrahi, director general de Epel.

Esa compañía mexicana de blindajes es la de mayor tamaño en América Latina, cuenta con más de 20 años de experiencia y es la principal proveedora de unidades tácticas como el Karnaf o Sandcat, “empleadas por las fuerzas armadas de países latinoamericanos, donde destacan México y Colombia”.

COMPRA AMAÑADA

Ayer, el portal poblano MTP Noticias desveló que, el año pasado, el gobierno de Tlaxcala pagó 56 millones 259 mil pesos por la compra de diez camionetas blindadas modelo 2024, a través de una adjudicación directa y, supuestamente, a sobreprecio.

De acuerdo con datos obtenidos a través de solicitudes de información, ese medio documentó que las unidades Chevrolet Suburban High Country fueron adquiridas a la empresa Epel S.A. de C.V., con sede en la alcaldía Miguel Hidalgo de la Ciudad de México.

Cada unidad tuvo un costo aproximado de 5.6 millones de pesos. Sin embargo, ese medio refirió que, según proveedores especializados en blindaje, modelos con características similares pueden adquirirse a un precio de entre 3.6 y 3.9 millones de pesos.

Las camionetas cuentan con 13 capas de acero balístico y protección reforzada en espejos, cristales, bisagras, suspensión, radiador y llantas.

Según el portal Blindados de México, y de acuerdo con las características de las camionetas dadas a conocer en la respuesta a la solicitud de información presentada por el portal MTP, esas camionetas contarían con un nivel de blindaje “5 Plus (que) te ofrece protección contra terrorismo y atentados debido a que soporta impactos de armas de alto calibre como AK-47, AR-15 y FAL / M80, comúnmente utilizadas por grupos de la delincuencia organizada; así como granadas de fragmentación DM51 gracias al blindaje del piso, una característica exclusiva de este nivel”.

“ES POR PROTOCOLO”: PEREA MARRUFO

La compra de esas camionetas blindadas está justificada, ya que obedece a una necesidad “de protocolo” de seguridad, y no “a un tema de ostentación”, sostuvo el capitán de navío, Alberto Martín Perea Marrufo quien, sin embargo, no admitió ni negó si él ha sido alguno de los funcionarios beneficiados con la asignación de uno de esos vehículos.

En su programa de “La Bestia Política”, el periodista Edgar García Gallegos preguntó al funcionario si le había tocado una de esas camionetas, y entonces el titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) se limitó a decir que “en eso andamos, en eso andamos, en eso andamos”.

Además, se lavó las manos por esas adquisiciones y esa responsabilidad la endilgó a la Oficialía Mayor de Gobierno que encabeza el exdiputado local, Ramiro Vivanco Chedrahui.

A pregunta expresa sobre la cantidad de camionetas compradas, Perea Marrufo dijo que “no tengo idea de eso. Pero sí te puedo decir que, en todas partes del mundo, del país, hay un protocolo de seguridad, porque ya no es la persona, sino ya es el funcionario. Por ejemplo, en el caso de nuestra gobernadora, ya no es Lorena Cuéllar, es la gobernadora del estado. Y ella bajo un protocolo debe tener las medidas de seguridad para protegerse por viaja constantemente a la ciudad de México”.

El titular de la SSC insistió que esa adquisición “no es un tema ostentoso, sino de un protocolo modesto. No es un tema, digamos, de verse bonitos o de ostentación, es un protocolo de seguridad que en todas partes del mundo se lleva a cabo y depende, obviamente, de muchas circunstancias. Pueden ser pocos elementos que estén dando la seguridad o pueden ser un ejército de personas que dan seguridad a presidentes, a otro tipo de funcionarios”.

Contrario a lo dicho por el capitán de navío, la compra de esas camionetas fue con el objetivo de “cumplir con las metas, programas o acciones que coadyuven a la procuración e impartición de justicia, además de prevenir y responder con oportunidad a las emergencias, pues las acciones van encaminadas a resolver de manera confiable y eficiente a la seguridad pública del estado, ya que el índice de crecimiento de la población en la entidad, demanda más exigencias a las instituciones de seguridad pública y procuración de justicia para salvaguardar la estabilidad en seguridad en el estado y evitar el aumento de las incidencias delictivas, por lo que resulta necesario dotar de bienes suficientes al Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública, para que realice sus atribuciones legalmente encomendadas”.

Aunque la documentación oficial precisa que fueron asignadas al Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública (Sesesp), es notorio que esas camionetas son utilizadas para uso personal de la gobernadora, algunos de sus familiares y uno que otro funcionario privilegiado de primer nivel.