Una nueva denuncia, por restricciones a visitas, revivió las exigencias contra el director.

Por Stephany Rodríguez

través de redes sociales, familiares de personas privadas de la libertad en el Centro de Reinserción Social (CERESO) de Tlaxcala denunciaron presuntas irregularidades en el funcionamiento del penal y exigieron la destitución de su director, Iván Sánchez de la Torre, a quien señalan por supuestos abusos, restricciones a las visitas y deficiencias en la atención a los internos.

En la publicación, difundida el domingo 1 de noviembre, los inconformes expusieron que una mujer que acudió a visitar a un familiar no pudo ingresar al centro penitenciario, sin que, según su denuncia, recibiera una explicación o justificación formal sobre la negativa.

Los familiares señalaron que este hecho se suma a otros señalamientos relacionados con las condiciones de internamiento, el trato a visitantes y abogados, así como la atención médica y alimentaria dentro del establecimiento ubicado en la zona de La Loma Xicohténcatl, en la capital tlaxcalteca.

Uno de los principales argumentos expuestos es el resultado del Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria 2025 de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), en el que, de acuerdo con la información citada por los denunciantes y publicada por La Jornada de Oriente el 7 de octubre de 2026, el Cereso de Tlaxcala obtuvo una calificación de 4.89 sobre 10, mientras que el sistema penitenciario estatal alcanzó 5.02.

El diagnóstico también habría identificado una sobrepoblación del 115 por ciento, al contar con espacios para 438 personas, frente a una población de 504 internos, además de deficiencias en servicios de salud, alimentación, higiene e instalaciones, insuficiencia de personal de custodia y falta de mecanismos para que las personas privadas de la libertad presenten quejas.

Entre las denuncias también se encuentra un presunto incidente ocurrido en septiembre, cuando Sánchez de la Torre habría jaloneado a una abogada defensora de derechos humanos en el área de acceso al penal. De acuerdo con los familiares, el caso derivó en la apertura de una queja ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Tlaxcala (CEDHT).

Asimismo, señalaron que durante una revisión realizada la noche del 25 de marzo presuntamente se destruyeron documentos legales de personas internas, incluidos amparos que ya habían sido notificados. Esta situación fue expuesta a través del testimonio escrito de uno de los internos.

A estas inconformidades se suman reportes sobre alimentos preparados con anticipación y servidos en malas condiciones, así como restricciones para ingresar productos durante las visitas y controles de vestimenta aplicados a familiares y abogados.

En materia de salud, los denunciantes manifestaron preocupación por la presunta falta de atención médica a personas con enfermedades crónicas, entre ellas diabetes, además de mencionar intentos de suicidio al interior del centro penitenciario.

También acusaron deficiencias en la atención a personas indígenas, integrantes de la comunidad LGBTTTIQ+, personas que viven con VIH, adultos mayores y personas con discapacidad, situaciones que, aseguran, han sido señaladas en el diagnóstico de la CNDH.

Antecedentes de las protestas

Los familiares recordaron que el 9 y 10 de septiembre realizaron movilizaciones hacia Palacio de Gobierno para exigir la salida del director del Cereso, bajo la consigna «¡Fuera Iván!».

Indicaron que las manifestaciones se sumaron a los señalamientos públicos realizados desde marzo por presuntos tratos inhumanos hacia las personas privadas de la libertad.

En ese contexto, señalaron que el secretario de Seguridad Ciudadana, Perea Marrufo, defendió anteriormente la actuación del director al manifestar que no se habían acreditado conductas que ameritaran una sanción.

Por otra parte, los inconformes cuestionaron la actuación de la CEDHT, pues aseguraron que en julio presentaron una queja formal ante el organismo y el Gobierno del Estado, sin que hasta el momento, según su versión, hayan recibido una respuesta.

También pusieron en duda el proceso mediante el cual Sánchez de la Torre llegó a la dirección del penal, al señalar presuntas irregularidades en el cumplimiento de los requisitos para ocupar el cargo y atribuir su nombramiento a relaciones personales con el entorno de la administración estatal.

Como antecedente, mencionaron la destitución de Juan Antonio Martínez Guerrero, anterior director del Cereso, en agosto de 2025, por señalamientos relacionados con presuntos actos de extorsión y la participación de internos en asaltos a gasolineras.

Exigen intervención de autoridades

Ante este panorama, los familiares solicitaron la destitución inmediata de Iván Sánchez de la Torre y una investigación formal por parte de la Unidad de Asuntos Internos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana y de la Contraloría del Ejecutivo.

Entre sus peticiones también incluyeron una auditoría al centro penitenciario, una visita urgente de la CNDH, la instalación de una mesa de diálogo directamente con la gobernadora Lorena Cuéllar Cisneros y la comparecencia del director ante el Congreso del Estado.

Asimismo, exigieron que se respeten las disposiciones de la Ley Nacional de Ejecución Penal en materia de visitas y comunicación familiar.

Finalmente, hicieron un llamado a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, y al secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, para que conozcan los señalamientos relacionados con el funcionamiento del Cereso de Tlaxcala y se atiendan las demandas de las familias.