Un juez determinó que no existen elementos suficientes para procesarlos por dos secuestros ocurridos en 2002; la ONU había calificado sus detenciones como arbitrarias.

Por Stephany Rodríguez

De acuerdo con información de la periodista Eli Almanza y reportes publicados por el diario Reforma, un juez de Tlaxcala ordenó la liberación de Jorge Hernández Mora, Sergio Rodríguez Rosas y Mario Ricardo Antonio Almanza Cerriteño, quienes permanecieron en prisión durante más de 24 años sin una sentencia definitiva por su presunta participación en dos secuestros cometidos en 2002 en la entidad.

La resolución fue emitida el miércoles por Alfredo Pérez Águila, juez del Sistema Tradicional Penal y Especializado en Administración de Justicia para Adolescentes de Tlaxcala, en cumplimiento de un amparo concedido por el Segundo Tribunal Colegiado del estado, que ordenó revisar la situación jurídica de los acusados sin tomar en cuenta las pruebas obtenidas de manera ilícita.

En su determinación, el juez concluyó que no se acreditó la probable responsabilidad penal de los tres hombres en los hechos investigados ni que fueran quienes privaron de la libertad a las víctimas identificadas con las iniciales R.A.L. e I.R.P. Por ello, decretó su libertad por falta de elementos para procesarlos, con las reservas de ley.

El abogado defensor, Agustín Acosta, informó que, una vez notificadas las autoridades penitenciarias, los tres hombres podrían abandonar los centros de reclusión donde permanecen: el Reclusorio Sur de la Ciudad de México, la Penitenciaría de Santa Martha Acatitla y el Centro Federal de Readaptación Social número 14, ubicado en Durango.

Detenciones y proceso judicial

Los tres hombres, originarios del Estado de México, fueron detenidos el 13 de agosto de 2002 por policías de Tlaxcala, junto con Hugo Abraham y Oswaldo Rodríguez Salvatierra, así como José María Ramos Tenorio. Todos fueron acusados de delincuencia organizada y secuestro, por su presunta relación con dos plagios registrados ese año en la entidad.

De acuerdo con los antecedentes del caso, un día después de su detención fueron entregados a la entonces Agencia Federal de Investigación, encabezada en aquel momento por Genaro García Luna. Las investigaciones los relacionaron con la organización criminal conocida como “Los Kempes”, lo que derivó en el inicio del proceso penal.

Durante los años siguientes, otros implicados obtuvieron su libertad. Hugo Abraham Rodríguez Salvatierra fue liberado en abril de 2003 por falta de elementos, mientras que su hermano Oswaldo salió de prisión en abril de 2016. José María Ramos Tenorio falleció en 2013, cuando se encontraba recluido en el penal de Santa Martha Acatitla.

El proceso contra Hernández Mora, Rodríguez Rosas y Almanza Cerriteño se prolongó durante aproximadamente 22 años ante la justicia federal. Después de que fueron absueltos del delito de delincuencia organizada, el expediente regresó a la autoridad judicial de Tlaxcala para resolver su situación jurídica respecto de las acusaciones pendientes.

Tribunal ordenó excluir pruebas ilícitas

La resolución de liberación se produjo después de que el Segundo Tribunal Colegiado de Tlaxcala resolviera un amparo que ordenó al juez revisar nuevamente si existían elementos para mantener a los acusados sujetos a proceso. La determinación ratificó la exclusión de pruebas obtenidas de manera ilícita, cuya invalidez había sido establecida en una sentencia de 2017.

Según los argumentos del tribunal, se vulneró el derecho de los detenidos a ser puestos sin demora a disposición de la autoridad ministerial, debido a que la entonces Procuraduría de Tlaxcala prolongó injustificadamente su traslado. Esta irregularidad derivó en la incorporación de diligencias en las que los acusados no pudieron ejercer plenamente su derecho de defensa.

El órgano colegiado también señaló que los detenidos debieron ser puestos a disposición de la entonces Procuraduría General de la República en el Estado de México, donde fueron capturados, en lugar de ser trasladados a Tlaxcala.

Entre las pruebas excluidas se encontraban las declaraciones rendidas el 13 y el 15 de agosto de 2002 por las dos víctimas, en las que identificaron a los acusados; los testimonios ministeriales de Cirilo Rugerio Terán, padre de una de las víctimas, quien señaló a Hernández Mora como la persona que presuntamente recibió el pago del rescate, y un dictamen pericial de criminalística, fonología y fonética relacionado con la identificación de las voces de dos de los procesados.

La ONU calificó las detenciones como arbitrarias

En 2023, el Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas emitió una opinión en la que consideró arbitrarias las detenciones de los tres hombres y señaló que la medida adecuada para reparar la situación era concederles la libertad inmediata.

El caso también estuvo marcado por señalamientos de tortura, detenciones ilegales e irregularidades durante las primeras diligencias ministeriales, además del uso de pruebas que posteriormente fueron invalidadas por los tribunales.

Con la resolución judicial, Hernández Mora, Rodríguez Rosas y Almanza Cerriteño podrán recuperar su libertad después de más de 24 años de encarcelamiento, tras un proceso en el que distintas instancias judiciales examinaron la legalidad de las pruebas utilizadas en su contra.