“En esta resolución la deuda mayor es con la justicia y las familias y los migrantes fallecidos y a las y los sobrevivientes, porque el incendio en la estancia migratoria de Ciudad Juárez era prevenible y no debieron morir 40 migrantes, ni dejar con secuelas de por vida a 27 más, ni 15 mujeres con secuelas psicológicas al ver como sus familiares morían porque no se les abrió una puerta”, deploró el IMUMI.

CIUDAD DE MÉXICO (apro) .- Con amargura, el Instituto para las Mujeres en Migración (IMUMI) deploró que “volvió a ganar la corrupción y la impunidad de los políticos protegidos por el poder”, tras la decisión de un juez federal de Ciudad Juárez de terminar de exculpar al extitular del Instituto Nacional de Migración (INM), Francisco Garduño Yáñez, por el incendio ocurrido en el centro de detención migratoria de Ciudad Juárez el 27 de marzo de 2023, en el que fallecieron 40 migrantes y quedaron heridos 27 más.

“La exoneración de Francisco Garduño tras la tragedia en la estancia migratoria de Ciudad Juárez confirma que en México la justicia es selectiva”, recalcó IMUMI en una serie de publicaciones en su cuenta de la red social X, y denunció que “la impunidad institucional sigue siendo el sello en casos graves de violaciones a derechos humanos”.

Anoche, el juez Víctor Manlio Hernández Calderón determinó que Garduño había cumplido con las condiciones que la justicia le ordenó el 24 de enero de 2025 para conseguir la suspensión condicional del proceso abierto en su contra por el delito de ejercicio ilícito del servicio público.

En concreto, el juez estimó que Garduño había cumplido con el pago de las indemnizaciones a las víctimas –aunque el dinero salió de las arcas del INM– y con la disculpa pública, que el exfuncionario tuvo que ofrecer a víctimas y familiares el 27 de septiembre de 2025 en el Museo de la Ciudad de México.

“En esta resolución la deuda mayor es con la justicia y las familias y los migrantes fallecidos y a las y los sobrevivientes, porque el incendio en la estancia migratoria de Ciudad Juárez era prevenible y no debieron morir 40 migrantes, ni dejar con secuelas de por vida a 27 más, ni 15 mujeres con secuelas psicológicas al ver como sus familiares morían porque no se les abrió una puerta”, deploró el IMUMI.

Con la decisión del juez, Garduño cerró definitivamente su polémico paso por el INM, durante el cual la dependencia se volvió la institución con más quejas ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), y que fue marcado por irregularidades de cientos de millones de pesos documentadas por la Auditoría Superior de la Federación (ASF).

El ente fiscalizador encontró, entre otros, que Garduño había convertido la gestión de los centros de detención migratoria en un jugoso