• El Instituto de Especialización Judicial concluyó la capacitación de 120 horas para la transición ordenada hacia el nuevo sistema de justicia civil y familiar

Con la participación de más de 160 profesionales del derecho, el Poder Judicial del Estado de Tlaxcala concluyó la Edición 2026 del Diplomado en el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares (CNPCyF), informó la directora del Instituto de Especialización Judicial, Ana Laura Medina Conde.

Este diplomado representa un esfuerzo institucional encabezado por la Presidenta del Tribunal Superior de Justicia del Estado, Magistrada Fanny Margarita Amador Montes, las Magistradas y Magistrados integrantes del Pleno del TSJE, el Presidente del Órgano de Administración Judicial, Sergio Pérez George, y las Administradoras y Administradores integrantes del mismo Órgano.

La titular del Instituto explicó que el diplomado se desarrolló del 2 de marzo a junio de 2026 y tuvo como objetivo sentar las bases para la transición ordenada hacia la implementación del CNPCyF, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 7 de junio de 2023 y cuya entrada en vigor está prevista para el 1 de abril de 2027.

Detalló que esta importante reforma requiere cambios específicos en infraestructura, capacitación y modelos de gestión, por lo que el Poder Judicial del Estado ha considerado la formación continua como una herramienta fundamental. La capacitación fue dirigida a personal jurisdiccional y administrativo del Poder Judicial, así como a abogadas, abogados litigantes y público en general del estado de Tlaxcala.

Medina Conde destacó que esta edición incorporó importantes novedades respecto a las anteriores, entre ellas el Módulo 4, en 12 horas adicionales para alcanzar un total de 120 horas de formación. Se integraron temas de vanguardia como la eliminación del estado de interdicción, las salvaguardias y la justicia digital.

«Lo importante es sentar las bases operativas, prácticas y teóricas necesarias para una transición hacia la oralidad civil y familiar, con un enfoque transversal en derechos humanos que fortalezca al Poder Judicial hacia modelos de justicia más humanos, ágiles e integradores», subrayó.

Agregó que el diplomado fortalece herramientas indispensables como la oralidad, la conducción de audiencias, las etapas del procedimiento y la aplicación de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias (MASC), con especial atención a casos que involucren derechos de niñas, niños y adolescentes.

El cuerpo docente estuvo integrado por especialistas de alto nivel y participantes directos en la elaboración del Código Nacional, entre ellos el Maestro Saúl Ferman Guerrero, Juez del Estado de Hidalgo; la Doctora Erika Isela Castillo Vega, Magistrada del Tribunal del Estado de México; el Doctor Alejandro Zegbe Camarena, coordinador en la elaboración del CNPCyF; y el Doctor Eliseo Juan Hernández Villaverde, Magistrado de la Ciudad de México.

Finalmente, la Directora enfatizó que el mayor beneficio será para las y los justiciables, quienes recibirán una justicia integradora, especializada y ágil, apegada a los estándares nacionales e internacionales, con respeto irrestricto a los derechos humanos, al principio del interés superior de la niñez y la autonomía progresiva.

Con ello, se evitan juicios prolongados al privilegiar soluciones con valor de cosa juzgada a través de los Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias, garantizando procesos más dinámicos y eficientes.

Un esfuerzo institucional por una justicia más cercana a la ciudadanía

La importancia para la ciudadanía radica en que esta capacitación se traducirá en una impartición de justicia más ágil, menos costosa y con un rostro más humano, donde los conflictos familiares y civiles se resuelvan en menos tiempo y con pleno respeto a los derechos de los grupos en situación de vulnerabilidad.

Entre las innovaciones, destacan la incorporación de la justicia digital, que permitirá a los justiciables dar seguimiento a sus casos sin traslados innecesarios, y el nuevo modelo de salvaguardias en sustitución de la interdicción, que reconoce la capacidad jurídica de todas las personas.

Para quienes cursaron el diplomado, el beneficio fue la adquisición de competencias prácticas para el nuevo sistema: manejo de audiencias orales, uso de herramientas tecnológicas y aplicación de soluciones alternas que descongestionarán los juzgados y brindarán respuestas efectivas a la sociedad tlaxcalteca.