Columna Invitada

Las decisiones que toma un gobierno, los espacios que abre o cierra y las señales que envía, no son hechos aislados: forman parte de una narrativa y de una estrategia de poder.

Por eso resulta imposible observar con indiferencia la permisividad con la que la administración estatal ha facilitado que trabajadores del Sindicato 7 de Mayo utilicen las instalaciones y los espacios públicos de diversas dependencias gubernamentales para realizar manifestaciones que, más allá de sus legítimas expresiones sindicales, parecen formar parte de una operación política con un objetivo mucho más específico.

No se trata solamente de una celebración por los 70 años de vida sindical ni de una movilización estrictamente gremial. Lo que se percibe es la construcción de un escenario de respaldo político al presidente municipal de Tlaxcala, Alfonso Sánchez García, en un momento clave de la disputa interna en Morena por el futuro político del estado.

Desde la llegada del denominado “delfín” al Palacio Municipal, la gobernadora ha generado condiciones para fortalecer la presencia pública de quien es considerado su proyecto político de continuidad.

El problema no es que un actor político busque posicionarse. En una democracia, todos los grupos y liderazgos tienen derecho a competir, organizarse y expresar sus aspiraciones. El problema aparece cuando desde una institución pública se utilizan los espacios, recursos simbólicos y capacidades del gobierno para inclinar la balanza en una contienda política que debería desarrollarse con mayor equilibrio.

Y la coyuntura vuelve más delicada esta decisión. El próximo domingo, la senadora Ana Lilia Rivera Rivera realizará un acto público para informar a la ciudadanía sobre su trabajo legislativo en el Senado de la República. En ese contexto, promover una movilización política paralela en la capital del estado no puede interpretarse como un simple acto de coincidencia administrativa.

Es, políticamente hablando, una provocación innecesaria.

En la titular del Poder Ejecutivo debería prevalecer la prudencia institucional. Una gobernadora representa a todo el estado, incluso a quienes no coinciden con su proyecto político. Su responsabilidad es cuidar la imparcialidad de la función pública y evitar que la estructura gubernamental parezca o sea utilizada para favorecer una aspiración personal o de grupo.

Sin embargo, la desesperación por fortalecer a un proyecto sucesorio está llevando al gobierno estatal a tomar decisiones que profundizan la percepción de desgaste político.

Lorena Cuéllar llegó al poder con una expectativa de transformación y con el respaldo de una ciudadanía que esperaba una nueva forma de ejercer el gobierno. Pero a unos meses de concluir su administración, enfrenta un escenario distinto: cuestionamientos sobre su estilo de conducción política, desgaste en su imagen pública y una creciente disputa interna por la definición del futuro de Morena en Tlaxcala.

El mayor riesgo para cualquier gobernante es confundir el ejercicio del poder con la capacidad de imponer una sucesión. La historia política demuestra que los proyectos construidos exclusivamente desde el aparato gubernamental suelen enfrentar resistencias cuando intentan convertirse en continuidad automática.

La gobernadora tiene todavía la responsabilidad de cerrar su administración con altura institucional. Pero decisiones como ésta envían un mensaje contrario: que la prioridad no es la gobernabilidad ni la unidad política, sino intervenir en una competencia interna donde debería existir mayor apertura y respeto democrático.