Ante el caso del intento de linchamiento en Chiautempan

Por Selene Sosa

El uso de la fuerza pública en contra de la población vulnerable por parte del Gobierno Local que encabeza Lorena Cuéllar Cisneros ha sido evidenciado en diversas ocasiones sin que la Presidenta de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDHT), Jakqueline Ordoñez Brasdefer, intervenga, por lo que fue presentada una queja en su contra ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH).

Como se dio a conocer, recientemente la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) junto con otras instituciones de seguridad realizaron un intenso desplegado de elementos en la comunidad de San Bartolomé Cuahuixmatlac, perteneciente al municipio de Chiautempan para “rescatar” a una persona que había sido retenida por la población al hallársele presuntamente intentando cometer un delito.

En respuesta, la administración estatal de la electa de Movimiento Regeneración Nacional (MORENA) movilizó a elementos de seguridad quienes con el uso de la fuerza repelieron a la población de dicha demarcación que se rige por usos y costumbres, dejando como saldo a varias personas lesionadas y una hospitalizada.

Al respecto, la ratificada ombudsperson por la LXV Legislatura, no emitió ningún comunicado o posicionamiento, por lo que, ante la omisión e inacción de Ordoñez Brasdefer, activistas, feministas y defensoras de derechos humanos en Tlaxcala presentaron una queja en su contra ante la CNDH.

Entre las firmantes de la queja se enlistó Yeny Charrez Carlos, quien condenó lo sucedido en Cuahuixmatlac y recordó que no es la primera ocasión que Cuéllar Cisneros ordena el uso de la fuerza pública en contra de la población como mujeres, basificados y personal de salud.