Cortesía Fabián Robles/Faronoticias

Descubierta la imposición del exchofer de la gobernadora Lorena Cuéllar Cisneros como juez interino especializado -quien fue depuesto a los pocos días de asumir el cargo-, integrantes del Consejo de la Judicatura se confabularon a fin de designarlo momentáneamente como secretario proyectista adscrito a la Contraloría, aunque al final decidieron que quedara como director interino de Transparencia, Protección de Datos Personales y Acceso a la Información del mismo Poder Judicial.

Según el acuerdo XI/111/2024.5 Adscripciones y Readscripciones, el pleno del Consejo -que es el órgano máximo de decisión del Tribunal Superior de Justicia del Estado (TSJE)- orquestó una serie de triquiñuelas y enroques para que Alfredo Pérez Águila no se quedara sin empleo, después de ser removido del primer cargo.

Así, el excolaborador de la mandataria morenista fue designado como sustituto de Noé Hernández Hernández al frente del área de transparencia en el mismo TSJE, aunque no de manera definitiva sino interina, pese a que tampoco cuenta con experiencia en la materia.

La cronología de este culebrón es la siguiente:

El Juzgado Familiar Especializado en Asuntos Urgentes para Mujeres en Situación de Violencia inició funciones el 4 de diciembre de 2024 en el Centro de Justicia para las Mujeres del Estado. Un día después, Pérez Águila fue impuesto como juez interino, por “acuerdo colegiado” del Consejo de la Judicatura.

Ese hombre llegó a dicho cargo sin experiencia alguna ya que, si bien en 2017 terminó la licenciatura en Derecho, fue hasta 2024 cuando al fin obtuvo su cédula profesional por el Centro de Educación Abierta, ubicado en Puebla.

Desde el 1 de septiembre de 2021 laboró en el despacho de la gobernadora como chofer y así se mantuvo hasta que fue impuesto como juez interino, lo cual se supo el viernes 13 de diciembre de 2024.

Previo a trabajar al lado de la mandataria morenista, fungió como jefe de capacitación de Prospera y antes de este último cargo también fue chofer de Lorena Cuéllar cuando ella fungió como coordinadora de Programas Integrales para el Desarrollo en la entidad.

Su nombramiento como juez interino especializado generó un alud de críticas por parte de colectivos y feministas que cuestionaron su inexperiencia para atender asuntos relacionados con actos de violencia en agravio de mujeres tlaxcaltecas, y por tratarse de un evidente caso de tráfico de influencias.

Doce días después de permanecer en el cargo -tiempo en el que al juzgado especializado se radicaron entre ocho y diez asuntos, según la propia presidenta del TSJE-, el 17 de diciembre Alfredo Pérez fue depuesto por decisión del Consejo de la Judicatura so pretexto de “necesidades del servicio”, y en su lugar fue designada Heriberta Morales, pero solo como interina.

Ese mismo día, “en sesión privada extraordinaria” el pleno del máximo órgano de decisión del Poder Judicial -de acuerdo con el oficio SECJRH/3976/2024, copia del cual obtuvo este reportero- tomó la decisión de designar al novel litigante “como secretario proyectista de Sala Interino (nivel 14) en apoyo a la proyección (sic), adscrito a la Contraloría del Poder Judicial del Estado de Tlaxcala por el término de tres meses, con efectos a partir del 17 de diciembre de 2024 al 16 de marzo de 2025”.

(El contenido de ese documento oficial -dado a conocer el pasado lunes 6 de enero por este medio- no ha sido desmentido por el Poder Judicial, aunque fuentes del mismo confirmaron su autenticidad).

Sin embargo, minutos después esa decisión terminó por ser desechada ya que, en la misma sesión, quienes integran el Consejo de la Judicatura recularon y entonces determinaron que Alfredo Pérez fuera designado como director interino de Transparencia, Protección de Datos Personales y Acceso a la Información del mismo Poder Judicial.

Ese nuevo cargo le fue conferido al exchofer de la gobernadora a partir del mismo 17 de diciembre de 2024 “por el término de tres meses”, y con una percepción equivalente al nivel 14 del tabulador de salarios del TSJE -vigente hasta diciembre pasado-, la misma que tendría como secretario proyectista adscrito a la Contraloría por un total de 44 mil 222.28 pesos mensuales, más otras prestaciones.

Para encontrarle acomodo a ese abogado, en esa sesión el Consejo de la Judicatura hizo varios enroques en su plantilla laboral: a Noé Hernández lo removió como titular del área de transparencia “por razones de servicio” y fue regresado “al cargo que tenía de secretario de acuerdos de sala (nivel 14), como encargado de la Unidad de Igualdad de Género a partir del 17 de diciembre en sustitución de la licenciada María del Rocío Rodríguez Rodríguez hasta nuevas instrucciones”.

A esta última abogada -que estaba como interina en la jefatura del Departamento de la Unidad de Igualdad de Género- “por necesidades de servicio” fue designada como “jefa de oficina interina en la misma área de su actual adscripción (sic), con efectos a partir del primero de enero de 2025, por el término de un mes”.