En menores de edad

Por Selene Sosa

En días pasados la Red por los Derechos Sexuales y Reproductivos de México (DDESER) llevó a cabo el foro denominado ‘En comunidad prevenimos y respondemos ante la violencia sexual y el embarazo infantil’, en donde expusieron la detección de mil 265 casos de violación sexual anualmente, en menores de edad.

Dicho foro fue el medio para exponer los resultados obtenidos por la organización en el proyecto que llevó a cabo con el mismo nombre en 12 municipios de Puebla, Tlaxcala y el Estado de México, del 15 de mayo al 14 de este mes y año.

De manera alarmante, Rosario Texis Zúñiga, representante de la Red en Tlaxcala, expuso que el proyecto en cuestión, específicamente de Tlaxcala se centró en los municipios de Chiautempan, San Pablo del Monte y Tetlanohcan.

Ello, en un principio, sin embargo, tuvo que extenderse a Acuamanala, Apizaco, Cuapiaxtla, Emiliano Zapata, Huamantla, Mazatecochco, Teolocholco, Xaloztoc y Zacatelco, identificando casos de violencia extrema contra niñas y adolescentes por parte de su núcleo familiar.

Ejemplo de lo anterior fue la identificación de los mil 265 casos de violencia sexual, así como 897 embarazos adolescentes y 97 infantiles, sólo en el periodo de un año. Además, también detectaron casos de explotación sexual en niñas y adolescentes por parte de sus padres o tutores.

Bajo este tenor, la también investigadora de la Universidad Autónoma de Tlaxcala (UATx), condenó que el Estado y sus instituciones siguen sin parecer una opción para que las víctimas denuncien y reciban protección.

Esto, puesto que, al tratarse de menores de edad, es el Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia (SEDIF) así como los municipales (SMDIF) los encargados de atender dichos casos, no obstante, se ha hallado que pretextan el lazo consanguíneo para no aplicar la ley a favor de las infancias.

A fin de atender el grave problema de violencia sexual contra las niñas y adolescentes, la DDESER ha llevado a cabo pláticas, talleres, foros, conversatorios y otras actividades con la comunidad estudiantil, así como con docentes, corporaciones de seguridad y servidores, para que sepan cómo atender dichos casos.