8 de octubre - 2023
Habitantes del municipio de Coatzingo, Puebla, recién expulsaron de sus tierras a un grupo de personas que el alcalde les presentó como “empresarios” sinaloenses que pretendían montar negocios legales. El lugar que supuestamente sería una granja se encuentra asegurada por la FGR.
Fuente: PROCESO
Unidos y organizados, los pobladores de este municipio de la mixteca poblana lograron sacar de su territorio a supuestos empresarios sinaloenses que llegaron con la pantalla de que invertirían en una granja de cerdos, cuando en realidad instalaron y operaban un laboratorio para la elaboración de drogas sintéticas.
El paraje “La Cástula”, donde los supuestos empresarios dejaron 51 tambos de 50 litros y 28 toneles de 200 litros con químicos, dos básculas y 12 quemadores, está asegurado desde el 22 de junio último por la Fiscalía General de la República (FGR) y es vigilado por elementos del Ejército y de la Guardia Nacional.
En esta localidad, en especial en la Junta Auxiliar de Zaragoza –donde se ubica el predio asegurado– se vive un clima de tensión.
Los pobladores dicen estar sorprendidos de que, pese a lo ocurrido, las autoridades federales no hayan instrumentado patrullajes en la zona, ni emitieran reporte alguno.
La noticia sobre el narcolaboratorio apenas se publicó como un trascendido en algunos medios locales.
En las desoladas carreteras y caminos vecinales sólo transitan patrullas municipales y estatales, pero los habitantes desconfían de esas corporaciones, pues dicen que el presidente municipal, Abel Chávez Orea, se mostró cercano con los dueños del predio asegurado y, estos mismos, presumieron ante ellos contar con “influencias” en el gobierno del estado.
“Nosotros en Puebla tenemos buena influencia con el gobierno, estamos bien (con ellos), gracias a Dios”, se escucha decir a uno de los sinaloenses en un audio proporcionado a Proceso.
Chávez llegó a la presidencia municipal por el partido Redes Sociales Progresistas, pero ahora busca reelegirse por Morena, con el apoyo de Julio Huerta Gómez, exsecretario de Gobernación de Puebla, aspirante a la gubernatura por ese partido y primo del fallecido gobernador Miguel Barbosa Huerta.
Fue el 17 de junio pasado, en una asamblea abierta, cuando más de 500 pobladores decidieron declarar personas “non gratas” a los supuestos inversionistas sinaloenses que tenían más de mes y medio de haber llegado al municipio. Les dieron de plazo al día 21 de ese mes para que se fueran.
Un día después de que esas personas se retiraron de Coatzingo –el 20 de junio último– los vecinos acudieron al paraje donde operaban los sinaloenses y descubrieron que habían dejado tambos que “olían muy feo”. Entonces dieron parte a las autoridades, que sólo acudieron para asegurar el lugar, sin que hubiera algún detenido.
A casi tres meses de esos hechos los habitantes dicen desconocer qué tipo de droga se elaboraba en el presunto laboratorio; afirman que sólo un elemento de la FGR, que vino hace unos días, les confirmó que las sustancias dieron positivo a precursores para la elaboración de estupefacientes. Oficialmente no les ha dicho nada.
Los pobladores tampoco tienen certeza si los sujetos a los que expulsaron de esa localidad pertenecían a un grupo delincuencial. Por inferencia, después que dos se identificaron como originarios de Culiacán, presumen que pueden ser parte del Cártel de Sinaloa. Pero, aunque han preguntado a las autoridades, perciben un silencio oficial sobre esos hechos.
A la fecha, los pobladores no tienen claro si los supuestos delincuentes dejaron esos químicos e instrumentos en el terreno porque ya no tuvieron espacio en el camión y la camioneta que usaron para desalojar “La Cástula” o si pretendían regresar para recuperar el material, pero ya no pudieron hacerlo por la presencia los militares.
Un grupo de vecinos ha pedido al alcalde y los regidores que, después de estos hechos, hagan un llamado a la federación para que refuerce la protección de la zona, pero no han tenido respuesta.
El presidente municipal, incluso, ha tachado de “chismosos” a los denunciantes y ha divulgado que los toneles –que custodia el Ejército y la Guardia Nacional– realmente contienen diésel y agua.
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