Por Edgardo Cabrera

El decreto entró en vigor el pasado 10 de febrero, está firmado por Lorena Cuéllar Cisneros, Sergio González Hernández y Ramón Celaya Gamboa, y es muy claro: usar armas letales en contra de la población en situación de linchamientos o intentos de linchamiento.

Sus plumas amaestradas y los torpes funcionarios que concibieron el plan, ahora dicen que no es cierto, pero el Periódico Oficial del Gobierno de Tlaxcala, número uno extraordinario, fechado el 10 de febrero de 2023, en su página 13, es claro, el nuevo protocolo contempla la creación de una figura denominada “tercer anillo”, que consiste en que un número indeterminado de policías estatales deberán portar armas letales, eso sí, serán más uniformados que los dispuestos en una primera y segunda fila en torno a un operativo para atender linchamientos.

Dice su nuevo protocolo, el que reitero fue firmado y ordenado por Cuéllar, que en caso de ataque con arma de fuego por parte de personas que integran el conflicto o ajenas a ellas, los policías podrán repeler la agresión mediante el uso de armas letales, eso aquí en China es, sin duda, darles carta abierta para disparar a matar, o quizá solamente para herir, pero eso no está debidamente especificado en el mencionado decreto.

La orden de disparar contra pobladores iracundos es una muestra más del perfil represor del gobierno de la Triste Historia, por un lado, reparte abrazos y sonrisas Colgate, por el otro actúa de forma reactiva en lugar de preventiva ante las distintas problemáticas sociales que existen en el estado de Tlaxcala.

Ya lo vimos con la represión a las mujeres en la protesta del 8 de marzo de 2022, la misma actitud fue contra normalistas rurales de Panotla de las cuales una alumna resultó muerta, también lo vimos en protestas de maestros y personal médico, así como de trabajadores sindicalizados donde lo primero es el garrote antes que el diálogo.

IMPUNIDAD

Cuéllar y González, y ahora su Rockstar Celaya, no están interesados en atender, solucionar y responder a las demandas de justicia y seguridad de la población, no justifico los lineamientos, pero trato de entender el malestar de las personas que ven con impotencia la actuación impune de ladrones, violadores, tratantes, asesinos, narcotraficantes y también hampones de cuello blanco como los que lucran en los gobiernos, o en la iniciativa privada en colusión con los gobiernos.

Lo mismo ocurre en el sistema de impartición de justicia, porque cuando encierran a los malandros la autoridad parece estar de su lado, ahí está el caso del asesinato de la hija de Efrén López, que a más de un año de proceso y de estar detenido el presunto culpable, las audiencias lo mismo son canceladas que manipuladas para hartar a las víctimas; o como olvidar la fabricación de delincuentes y delitos como aquel joven torturado y asesinado al interior de la Procuraduría General de justicia del Estado al ser implicado en el caso de la desaparición de la joven Ana Laura, cuyo cuerpo sin vida fue localizado por pobladores semanas después del crimen de Estado.

Y uno más, ahí está el caso del joven Pedro Francisco N, oriundo de Guanajuato cuya familia, conocidos, religiosos e incluso autoridades de su estado han presentado pruebas de su inocencia en el homicidio del que lo acusan, incluso documentado que, en el tiempo y lugar de los hechos, no estuvo en Tlaxcala, aun así, el sábado tras una larga audiencia no consiguió su libertad porque simple y sencillamente a la juez poco le importaron las pruebas.

Son todas estas causas y más las que tendría que estar resolviendo y atendiendo el gobierno de Cuéllar, evitar la impunidad garantizar la seguridad propiciar una correcta y ágil impartición de justicia, sin embargo, se les hizo más fácil ordenar tirar a matar a los pobladores que busque justicia por propia mano, más allá de alentar la paz y el diálogo del que tanto habla el presidente López Obrador, cabeza del movimiento al que dice pertenecer la gobernadora que está escribiendo con tinta de sangre su triste historia.