Por Edgardo Cabrera

Ahora sabemos que desde que llegaron al puesto los encargados y mandos de la seguridad y procuración de justicia no tenían, ni tienen, exámenes de control de confianza, y llama la atención porque apenas la semana pasada de nueva cuenta el gobierno de la triste historia señaló con su dedo flamígero a los alcaldes de incumplir con dicho requisito para sus policías, es más, la “jefa” pidió despedirlos, ahora esperamos que ella ponga el ejemplo.

Derivado de una solicitud de información a los gobiernos federal y estatal en el año 2022, se reveló que el entonces secretario de seguridad ciudadana, Raúl Ruiz García carecía de dichas evaluaciones, no hay registro de su cumplimiento ante la Fiscalía General de la República como tampoco ante la Comisión Ejecutiva del Sistema Estatal de Seguridad Pública.

Hablamos que el entonces súper policía operó en la ilegalidad, ya que la ley es clara en cuanto a la aplicación de examen de control y confianza para los altos mandos, si así está la cabeza, de qué manera exigir a los demás el cumplimiento de la normatividad. 

Ante la revelación, resulta aún más preocupante que el recién llegado secretario de seguridad, Ramón Celaya, el mismo señor al que le encantan los reflectores, se encuentre en la misma situación toda vez que esta información es ocultada por el gobierno de Cuéllar, y solamente a solicitud expresa es como se proporcionan los datos.

Y MÁS…

El asunto preocupa aún más porque de la misma solicitud se desprende que cinco funcionarios de la Procuraduría General de Justicia del Estado tampoco cuentan con dicho requisito, al menos así fue desde su llegada al cargo y hasta el año 2022, y así lo aceptó ayer durante su comparecencia ante diputados la titular de la dependencia, donde también aseguró que en agosto pasado apenas lo hizo, pero nunca precisó ante quién o qué instancia.

No obstante, reiterar, no lo decimos nosotros, las solicitudes de información, y la contestación oficial, niega la existencia de los estudios, y en los oficios de respuesta signados el pasado 25 de enero por la Fiscalía General de la República, queda constancia de la falta de registro de ello. Papelito habla.

¿En manos de quién están tanto la seguridad pública como la procuración de justicia?

Uno más.

De nueva cuenta Chiautempan se convirtió en el escenario de actos ciudadanos de justicia por propia mano, lo que la autoridad llama “intentos” de linchamiento de presuntos delincuentes, en abril del año pasado en Tlalcualpan, quemaron vivo a un individuo.

El domingo en la población de Guadalupe Ixcotla, dos menores de edad fueron rescatados por policías luego de que fueran retenidos por un centenar de pobladores quienes los acusaron de intentar robar las llantas de un vehículo.

Como suele ocurrir en algunos pueblos de Tlaxcala, los iracundos pobladores repicaron las campanas para llamar a más gente, pero tras la llegada de policías estatales y de la Guardia Nacional, así como de las autoridades de Chiautempan se logró evitar el linchamiento.

Queda claro que más que protocolos para impedir linchamientos, lo que en verdad urge es que la policía haga su labor preventiva, mediante patrullajes, y que en materia de procuración de justicia se agilicen las investigaciones para comprobar culpabilidad o inocencia de los implicados en un delito, y que el sistema de justicia no se convierta en una puerta giratoria donde los delincuentes tardan más en cometer los agravios a la sociedad que en lo que recuperan su libertad para seguir operando.