Por Edgardo Cabrera

La constante aparición de cuerpos asesinados en territorio de Tlaxcala, muchos de ellos con signos de tortura e incluso descuartizados, comprueba lo que diversos estudios sobre la situación criminal en México refieren para el caso particular de nuestra entidad.

Ciertamente no es un tema que surgiera con el gobierno de Cuéllar, pero lo que sí es cierto es que la presente administración morenista se ha hecho de la vista gorda o negado que los crímenes sean derivados de la lucha de carteles o de organizaciones criminales perfectamente estructuradas que lo mismo se dedican al narcomenudeo, narcotráfico, robo, huachicol o trata de personas.

Desde el año 2020 Lantia intelligence identificó en el mapa criminal de México dos grupos de influencia nacional que operan en Tlaxcala. Hablamos del Cartel de Sinaloa, y el Jalisco Nueva Generación, pero además destaca la actuación de organizaciones locales que tienen nexos con organizaciones criminales nacionales e internacionales como la Banda del “loco Téllez” y organizaciones que acumulan décadas explotando a mujeres mediante el tráfico sexual.

En este rubro el citado estudio identificó a tres familias la de los Granados, Hernández y Rojas Romero, cuyas redes se extienden hasta la unión americana y Europa. En marzo del año 2020, en lo que era la joven administración de López Obrador, la unidad de inteligencia financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público congeló las cuentas de algunos de estos grupos incautándoles 116 millones de pesos.

Lantia intelligence es una plataforma digital de datos sobre violencia crimen organizado y conflictividad social en México, que tiene más de 10 años de experiencia en el análisis y recopilación de datos en México, y en el citado estudio que comprende los años 2019 al 2020 pone de manifiesto que la constante de las autoridades es la opacidad de los datos.

HISTORIA ROJA

Y aunque los datos de la consultoría datan del año 2020, de la noche a la mañana, o mejor dicho desde la llegada de la triste historia las cosas no cambiaron, esas agrupaciones criminales han sentado sus reales en Tlaxcala ante un gobierno que prefiere voltear hacia otro lado y negar la presencia de estos grupos criminales.

Para muestra, los homicidios dolosos van al alza, sólo entre enero y noviembre del 2022 acumularon 152, varios con huellas propias del crimen organizado.

El discurso de la gobernadora Cuéllar y de su secretario de Gobierno es tan patético, y más cuando consideran a Tlaxcala como fosa común o, como lo dicen ellos, en basurero al señalar que somos “el tiradero de cuerpos de entidades vecinas”, ¡vaya pensamiento de estos personajes que gobiernan sin ningún respeto por la vida humana ni por sus familias!

Y al tema del crimen organizado hay que agregarle el crecimiento de los feminicidios, hechos de los cuales también este gobierno se trata de desmarcar al considerar que son responsabilidad de estados como Puebla dado que las asesinadas radicaban o eran oriundas de esa vecina entidad.

Es el caso del cuerpo de una mujer de 43 años de edad encontrada sin vida a las faldas de la Malinche, entre el municipio de Teolocholco y la colindancia con Puebla, es el asesinato de María Eugenia Ocampo Martínez desaparecida el 21 de diciembre del año pasado en San Andrés Cholula, y localizado su cuerpo el 3 de enero.

Fue la misma circunstancia de otra mujer, Wendy Hellem Sandon Herrera, encontrada sin vida en Tetla el pasado 23 de diciembre y quien fue reportada como desaparecida en Puebla el 16 de diciembre, en ambos hechos el gobierno de una mujer, en este caso el de Lorena, se lavó las manos aduciendo que la fiscalía poblana es la encargada de atenderlos.