Por Felipe Hernández Hernández

En términos generales son servidores públicos del ámbito federal, estatal o municipal, toda persona que tenga a su cargo o se le transfiera el manejo o administración de recursos públicos; las leyes principales y secundarias señalan las funciones a las que están obligados conforme a la naturaleza de su encargo.

De tal modo que son servidores públicos desde la Gobernadora, los representantes de elección popular y los presidentes municipales, hasta quienes desempeñen un empleo, cargo o comisión equivalente a director, subdirector, jefe de departamento o puestos equivalentes en la administración pública estatal o municipal.

Las personas que son designadas para alguno de estos cargos se espera que lo cumplan con probidad, honradez, eficacia y eficiencia, lo cual significa que su conducta y funciones las deben realizar con responsabilidad.

La responsabilidad se refiere a la obligación moral y legal que tiene el individuo por la posible falla en el cumplimiento de algún asunto determinado al que estaba obligado, pero también a la cualidad de responsable, es decir, a la obligación de responder por algo o alguien, o bien de poner cuidado y atención en lo que hace o decide.

Esto significa que la responsabilidad de los servidores públicos tiene en principio tres características: una, que su desempeño debe ajustarse a lo que las disposiciones jurídicas establecen; dos, el cumplimiento de sus funciones tiene una implicación tanto moral como legal y; tres, debe ser cuidadoso en la realización de sus tareas, en sus acciones y en sus decisiones, dado que ellas afectan al conjunto de la población.

Sin embargo, lo que se observa diariamente en los diversos medios de comunicación es un conjunto de servidores públicos de los diversos niveles de gobierno que evaden su responsabilidad y en la generalidad de los casos culpan, victimizan o revictimizan a los ciudadanos de lo que les llega a suceder.

De tal manera que cuando se suscitan robos o agresiones que afectan la integridad, física y psicológica de los individuos, para muchos servidores públicos, los responsables son las mismas personas por no tener cuidado en los lugares donde concurren, por la hora en que están fuera de su domicilio, por vestir ropa o accesorios que llaman la atención a la delincuencia o simplemente por no atender determinadas medidas de seguridad. No importa el hecho, el culpable es el ciudadano común.

Lo anterior lo aplican en todos los casos, por ejemplo, en problemas de salud, porque las personas no tienen cuidado en su alimentación, tratamiento médico o bien por tener una conducta descuidada; en educación, porque no ponen el debido empeño en sus estudios, no cumplen con sus obligaciones escolares o por no asistir a la escuela; en empleo, porque no saben hacer las cosas, porque no aprendieron una profesión o simplemente porque son flojos. Para ellos el problema son las personas y sus actos.

Lo anterior no significa que los servidores públicos hagan lo que a los individuos les corresponde, sino que en el cumplimiento de sus funciones deben tener presente que los ciudadanos han depositado en los gobiernos de todos los niveles la esperanza de que sus necesidades se vayan atendiendo a través de acciones sistemáticas, serias y responsables, y no por ocurrencias o improvisaciones que en nada favorecen al pleno desarrollo humano.

Es decir, esperan que las acciones de gobierno realmente atiendan las causas y efectos que generan las diversas problemáticas sociales y reconozcan la difícil circunstancia que tienen actualmente los ciudadanos en el desarrollo de sus actividades cotidianas.

La Constitución General de la República establece que los servidores públicos podrán ser sancionados por los actos u omisiones que afecten la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia que deban observar en el desempeño de sus empleos, cargos o comisiones. Es decir, podrán ser sancionados por lo que hacen, pero también por lo que dejan de hacer.

Lo deseable no es que los sancionen, aunque si incumplen con su función se les debiera de sancionar. Lo deseable es que los servidores públicos cumplan con probidad, honradez, eficacia y eficiencia el encargo de la función pública que se les ha encomendado, es decir con responsabilidad.

Una sociedad democrática se fortalece con servidores públicos responsables.

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