Por Edgardo Cabrera

No solamente es el caso de Yeny Charrez y de las activistas locales que le dieron su franco respaldo tras su remoción del Centro de Justicia para Mujeres considerado injusto, violento y para ocultar el desaseo en el trabajo de la PGJE, eso fue solo la hebra de una gran madeja.

Ahora en el plano nacional, la activista Rosi Orozco reprochó este jueves a la procuraduría de Ernestina Carro el “ocultamiento” del delito de la trata de personas y que por ello no avanza en Tlaxcala su combate.

“México presenta rezago en la investigación del lavado de dinero. Imposible avanzar si la Proc de #Tlaxcala oculta delito”, escribió por medio de Twitter, que fue acompañado de uno más donde sentenció: “Según activistas locales en algunos estados como #Tlaxcala no quieren abrir carpetas de investigación por #TrataDePersonas para presentar cifras bajas”.

El señalamiento es muy grave, ya no solo se trata del asunto relacionado con el supuesto “extravío” de información de las carpetas de investigación, o de plano, la desaparición de carpetas relacionadas con violencia contra las mujeres denunciado por la ex titular del CJM, sino que a nivel nacional se ventila el ocultamiento de datos relacionados con la trata para no “inflar” las cifras de este delito.

Y lo denunciado por Rosi Orozco explicaría una de las razones del porqué Tlaxcala supuestamente se encuentra ubicada como la entidad más segura del país, no se trata de que haya menos delitos, sino que muchos de los que se cometen no son debidamente registrados u ocultados, pese a las denuncias. 

En tanto que la urgencia de resolver algunos casos, incluso hacer transmisiones en las penumbras y lejos de la prensa para anunciar el esclarecimiento de hechos como el asesinato de un hombre en Xicohtzinco, o presumir sentencias cuestionadas por la forma cómo fueron integradas las indagatorias, son actos desesperados para ocultar la realidad del desastre que tiene la PGJE.

PROTECCIÓN SELECTIVA

Con la novedad que, en el estado más seguro del país, según la oficina federal que encabeza aquella funcionaria regiomontana amiga de la Triste Historia (y por cierto evidenciada nacional e internacionalmente por mentir cuando quiso ser gobernadora) un funcionario estatal exigió que le pusieran guaruras.

Sí, se trata de aquel que llegó a combatir la corrupción, cuyos logros presumidos una vez como propios pero derivados en realidad del trabajo de su antecesor, demandó a la magistrada en función de abogada del pueblo que le fueran asignados elementos ministeriales para que lo protejan, ahora entrar a la oficina que encabeza, es más difícil que acceder al despacho de la gobernadora.

Según sus fantasías, “sienten que lo persiguen” ya que su “trabajo” ha pisado callos entre los ex alcaldes, aunque en los hechos no tienen ningún avance, incluso el de Eymard Grande de Panotla quien ha exhibido las inconsistencias de las acusaciones en su contra.    

La realidad es que el funcionario oriundo de San Pedro Tlalcuapan es señalado por algunos de sus vecinos de “haber puesto” al presidente de comunidad para que fuera detenido como autor intelectual del linchamiento de una persona, de ahí sus temores, ¿o habrá alguna otra razón más?