Por Edgardo Cabrera

Aunque la narrativa de la Triste Historia es la negación, de nueva cuenta los estudios, como el elaborado por el Servicio de Investigación del Congreso de Estados Unidos denominado: “México: Organizaciones del Crimen Organizado y el Narcotráfico”, puso en evidencia la mentira.

El citado análisis incluye un mapa de la presencia de las organizaciones criminales que operan en nuestro país, y de este se desprende que solamente en una entidad no se ha detectado la presencia de la delincuencia organizada, y no, no se trata de Tlaxcala, sino Chiapas.

Ello evidencia que el gobierno de Cuéllar se niega a la realidad y así vulnera su estrategia de seguridad.

De acuerdo con esa información, el Cártel Jalisco Nueva Generación y el de Sinaloa son los principales generadores de violencia en el país. https://bit.ly/3PLYzT0

Para Tlaxcala advierte la presencia de un “grupo local”, no se da a conocer el nombre, aunque los analistas en el tema sostienen que su capacidad delincuencia es menor a los grandes cárteles.

En el portal de Aristegui Noticias se precisa que el mencionado mapa se construyó a partir de fuentes abiertas y entrevistas con periodistas recopiladas por el analista regional de América Latina, James Bosworth.

Por ello que es que con todo y su presumido primer lugar de seguridad, en los hechos ya no es extraño reportar cada semana una ejecución e incluso la aparición de cuerpos desmembrados, lo que demuestra la operación del grupo que tiene detectado el gobierno norteamericano como generador de violencia en esta entidad.   

VICIADO

La fiscalización de las cuentas públicas del 2021 está viciada de origen, no solo se trata de la omisión legislativa en cuanto a los plazos establecidos constitucionalmente cuando hay cambio de gobierno, sino porque los informes entregados a los diputados fueron palomeados previamente por el ejecutivo, es clara la intencionalidad política.

Los informes no solo revelan daño patrimonial, también evidencian que varios no pudieron solventar porque las nuevas autoridades negaron documentación a los salientes, quizá por dolo, o por ignorancia.

Por ejemplo, en el caso capitalino con Mildred Vergara, llama la atención que su informe advierte un probable daño patrimonial por 26.4 por ciento de lo devengando, pero ese mismo documento revela que detectaron alteraciones de la información de la Cuenta Pública y que no se pudo atender la solventación porque la tesorería negó entregar copia certificada de las Auditorías de Cumplimiento Financiero y Cumplimiento de Obra Pública, por lo que las copias simples no sirvieron para subsanar, amén de que lo hicieron fuera de tiempo porque esperaban la documentación certificada misma que finalmente proporcionaron a 1 día del cierre del plazo.

Si bien el informe derivaría en la reprobación, con lo que logran el golpe mediático maquinado desde la 4T, la determinación de la Comisión de Finanzas y Fiscalización por abrir un periodo de audiencias, sacará a relucir esas curiosidades donde la “Santa Inquisición” terminará revirtiéndoseles.