Al discutirse este apartado en el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), no alcanzó una mayoría calificada de ocho votos para que esta modificación de ley fuera invalidada por el máximo tribunal del país.

Fuente: MILENIO

La reforma la Ley de la Industria Eléctrica, en el apartado que privilegia a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) sobre el sector privado para el despacho de energía, se mantendrá vigente.

Al discutirse este apartado en el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), no alcanzó una mayoría calificada de ocho votos para que esta modificación de ley fuera invalidada por el máximo tribunal del país.

Los ministros que se pronunciaron por la invalidez argumentaron que esta reforma de ley vulneraba el libre mercado, al dar prioridad a las centrales de la CFE en el despacho de energía.

El ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo argumentó que la Ley de la Industria Eléctrica otorga más beneficios a las Centrales Eléctricas Legadas, pues permite las celebraciones de contratos con compromiso de entrega física generando.

“Desde mi punto de vista, un escenario de falta de competencia», enfatizó.

En el mismo sentido se pronunció el ministro Luis María Aguilar.

«Se requiere una sana competencia en el mercado, entorno que, a mi parecer, se ve comprometido con la reforma impugnada, pues con ella, el despacho de las Centrales Eléctricas no será resultado necesariamente de un proceso competitivo como determina el actual texto constitucional».

Por su parte, la ministra Norma Lucía Piña Hernández consideró que las modificaciones hechas a esta ley configuran un sistema normativo que inhibe “claramente” los esfuerzos de reducir la dependencia a combustibles fósiles en la producción de energía.

“Como sistema se constituye en una medida regresiva para la transición a un modelo bajo en carbono al que estamos obligados en términos constitucionales y convencionales.

«Esta regresión en la transición a un modelo sustentable en materia energética se traduce también en una barrera para el ejercicio de múltiples derechos humanos incluyendo el de vivir en un medio ambiente sano protegido por el artículo 4 constitucional», aseveró.

En el caso de la ministra Margarita Ríos Farjat, también se pronunció en contra del orden de despacho en el Sistema Eléctrico Nacional.

«Se está imponiendo, desde esta norma, un privilegio que, quizá, tienda a fortalecer a la empresa productiva del Estado, el problema es que lo hace a partir de dejar en un permanente segundo lugar a las energías limpias tan necesarias para la sustentabilidad y la salud de todos, tenemos derecho a un medio ambiente sano y más las generaciones que nos siguen, entonces encuentro desproporcionada esa medida de manera que estoy en contra de ese orden de despacho», explicó.

En el caso del ministro Alberto Pérez Dayán fue enfático al asegurar que las reformas a esta ley transgreden “directamente” el régimen constitucional del mercado eléctrico.

«El desarrollo que apuesta al tiempo y no atiende a los principios de competencia por virtud de su eficiencia, sus costos o su limpieza”, afirmó.