Debido a ello, se modificó el artículo 132 de la Ley General de Bienes Nacionales y los artículos 31 y 38 de la Ley Federal para la Administración y Enajenación de Bienes del Sector Público

Fuente: RADIO FÓRMULA

Senadores avalan ley federal de Administración de Bienes del Sector Público Senador de la República

El pleno del Senado de la República aprobó las reformas para que el Gobierno Federal pueda recurrir a los sorteos para enajenar bienes nacionales, que no puedan ser vendidos, que no tengan utilidad para el servicio público y que generen gastos presupuestales.

Entre reclamos y discusiones, con 60 votos a favor y 41 en contra, los senadores modificaron el artículo 132 de la Ley General de Bienes Nacionales y los artículos 31 y 38 de la Ley Federal para la Administración y Enajenación de Bienes del Sector Público, con el objetivo de permitir al Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado (Indep) vender estos bienes, a través del mecanismo del sorteo.

“En las actualidad existe una gran dificultad para que la Federación enajene los bienes que han ingresado a su patrimonio y que por sus características especiales o condiciones generales no son susceptibles de ser aprovechados o utilizados por las dependencias y entidades de la administración pública federal”, se argumentó en la exposición de motivos del dictamen.

Además, se mencionó que los procedimientos de venta que se realizan en la actualidad tardan demasiado en solucionarse, lo cual retrasa el aprovechamiento.

De igual manera, se explicó que el gobierno no puede ser propietario de bienes que no sean aptos para el servicio público, “están ociosos y que representen una carga al erario, por lo que se considera que este mecanismo es una medida” para que se puedan obtener recursos y destinarlos en beneficio de la sociedad.

Cabe mencionar que algunos de los bienes proceden de los asegurados o decomisados en los procedimientos penales federales, así como los que son otorgados como pago para cubrir toda clase de créditos a favor del Gobierno Federal.

El decreto se turnó al titular del Ejecutivo Federal para su promulgación y publicación en el Diario Oficial de la Federación.