Por Edgardo Cabrera

La Comisión Estatal de Derechos Humanos se puso las pilas, abrió una investigación de oficio contra el probable condicionamiento de inscripción de alumnos con cobro de cuotas escolares en el nivel básico en el subsistema de secundarias generales.

Desde que se anunció el regreso a las aulas para el 30 de agosto, se multiplicaron las denuncias de padres de familia a los que les requieren las llamadas “cooperaciones voluntarias” que van desde los 300 hasta los mil 200 pesos, desde preescolar hasta secundaria.

De la indagatoria, la Unidad de Servicios Educativos de Tlaxcala fue requerida y ya investigan lo que ocurre de forma específica en las secundarias.

Aunque el hecho es de aplaudir, llama la atención que los padres de familia no han promovido a la fecha ninguna queja formal, algo que tendrán que hacer porque no todo se trata de denunciar por redes sociales, hay que acudir a las instancias correspondientes.

Y si bien las autoridades dirán que las cuotas no las piden ni los maestros ni los directivos, sino las asociaciones de padres de familia, lo cierto es que éstas agrupaciones operan en complicidad con ellos y es ahí donde empieza el condicionamiento de los servicios educativos.

COMO POLVORÓN

Algunas administraciones municipales, como la de Panotla, se desmoran cual polvorón, desde problemas para el pago de sueldos a los empleados y la falta de servicios públicos, hasta denuncias por corrupción en contra de la cabeza del ayuntamiento y dos de sus funcionarios.

Lo que ocurre con Eymard Grande terminó por afectar a quienes no tienen vela en el entierro, por ejemplo a los ciudadanos que ni viven en Panotla o Tlaxcala, pero que resultaron perjudicados por los cierres de carreteras durante tres días consecutivos.

La primera advertencia llegó cuando un grupo de trabajadores retuvieron al propio alcalde en su oficina, en demanda del pago de sus sueldos y prestaciones, tuvo que llegar el cuerpo “élite” de la policía municipal para rescatar al “pobre” funcionario.

Solamente unos días después estalló la protesta ciudadana por la falta de agua en la cabecera municipal, la administración saliente no pagó el recibo de energía eléctrica y por tanto no pudieron operar las bombas, de esa manifestación inicial el secretario del ayuntamiento y policías municipales fueron retenidos, el primero fue exhibido por las calles, lo ridiculizaron incluso colocándole un sombrero de papel y amarrado con cintas preventivas de precaución.

A esa inconformidad siguió la de unidades habitacionales y fraccionamientos residenciales, La Virgen y Santa Elena (donde por cierto tiene un domicilio la gobernadora electa, Lorena Cuéllar), también denunciaron desabasto de agua potable y la falta de servicios públicos, como la recolección de basura.

Para rematar, sale a la luz pública que el alcalde, el tesorero y el contralor interno son investigados por actos presuntamente constitutivos de corrupción, las denuncias fueron radicadas en la carpeta judicial 328/2021 y la carpeta de investigación 249/2020.

De manera específica una denuncia es por el delito de coalición de servidores públicos por ocultar información de fiscalización de una cuenta pública al Órgano de Fiscalización Superior.

Si todo lo anterior no es mucho, la cuenta pública 2020 fue reprobada al detectar observaciones financieras por 4.9 millones de pesos.

Y mientras todo esto ocurre, la semana pasada, cuando se desarrollaban las manifestaciones, un medio de comunicación difundió unas fotografías donde se ve a Eymard Grande departiendo plácidamente en un restaurante de la capital del estado, no nos consta si esas imágenes corresponden al viernes, pero lo cierto es que el aludido no las desmintió.