Pese a que tuvieron un año para prepararse hay ocho entidades en donde ni siquiera se ha creado una plataforma para subir las sentencias; el resto lo tienen, pero ninguna con la infraestructura para garantizar que se publiquen el 100%. Tampoco hay alternativas. CDMX lleva dos años de retraso.

Fuente: ANIMAL POLÍTICO

A partir de hoy los poderes judiciales de los estados y el federal tienen la obligación legal de publicar todas las sentencias penales, civiles, laborales, mercantiles y de cualquier otra materia que emitan sus jueces. Sin embargo, ningún tribunal llega listo para cumplir con este compromiso.

Pese a que tuvieron un año completo para prepararse, hay ocho estados en donde ni siquiera se han creado las plataformas web que permitan subir las referidas condenas. Se trata de Baja California, Campeche, Durango, Guerrero, Morelos, Quintana Roo, Tabasco y Tamaulipas.

El resto de las entidades sí cuentan con alguna plataforma digital, aunque ninguna con lo necesario para garantizar al 100 por ciento la publicidad completa de las sentencias. El caso de Ciudad de México es particularmente grave porque desde hace dos años la capital ya tenía la obligación de cumplir con esto tras una reforma local, y no lo ha hecho.

Ni siquiera el Instituto Nacional de Acceso a la Información Pública (INAI) ha realizado las adecuaciones necesarias en su plataforma nacional para que este requisito se cumpla, y los órganos de transparencia locales tampoco. Esto según lo reportado por integrantes del colectivo #LoJustoEsQueSepas consultados por Animal Político.

“Ningún Poder Judicial del país llega con las condiciones necesarias para cumplir con esta obligación. Es así de claro. Ni siquiera el INAI que es el órgano garante está cumpliendo. No hay lineamientos para que la reforma de hace un año se cumpla tal cual como se trabajó”, dijo Luis Fernando Villanueva, encargado del área legal de la organización Equis Justicia, que forma parte del referido colectivo.

Fue el 30 de julio de 2020 cuando la Cámara de Diputados aprobó de manera unánime una reforma al artículo 73 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública el cual, antes del cambio, señalaba que los poderes judiciales estaban obligados a publicar solo las sentencias que fueran “de interés público”.

Esta situación provocó, de acuerdo con los expertos y activistas que le dieron seguimiento, que solo se transparentaran pocas sentencias y en algunos casos ninguna. Los distintos tribunales decidían de manera totalmente discrecional como cumplían con dicha obligación.

Con la reforma aprobada, la redacción del artículo cambió para establecer como una obligación de los poderes judiciales la publicación de “las versiones públicas de todas las sentencias emitidas”.

Los artículos transitorios del decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación establecieron un periodo de 180 días para que entrara en vigor la reforma, y a partir de ahí otros 180 días para que comenzara la publicación de todas las sentencias que se emitan. Es decir, fue prácticamente un año de preparación.

Dicho plazo concluyó ayer por lo que a partir de este lunes 9 de agosto el Poder Judicial Federal y los poderes judiciales de las entidades están obligados a cumplir con este requisito. No obstante, al menos de arranque, ninguno está listo para cumplir con lo que dice la ley al 100 por ciento.

Los adelantados y los más atrasados

Un análisis de las organizaciones México Evalúa y Equis Justicia con corte a julio pasado arroja que todos los poderes judiciales de los estados enfrentan pendientes que les impiden cumplir con la publicidad total de las sentencias, pero hay algunas con mucho mayor retraso que otras.

Es el caso de los tribunales de justicia de los estados de Baja California, Campeche, Durango, Guerrero, Morelos, Quintana Roo, Tabasco y Tamaulipas, las cuales no han desarrollado ningún tipo de plataforma tecnológica a través de internet en las que se pueda consultar de alguna manera las sentencias. Se trata de la cuarta parte de las entidades del país.

Los 24 estados restantes incluyendo el Poder Judicial Federal si cuentan con algún tipo de portal o espacio en la que se publican algunas condenas. Pero ninguno de ellos tiene una herramienta que, de entrada, permita conocer si las sentencias que se suben al sistema son todas las que se generan.

Además, 9 de las 24 entidades que tienen alguna plataforma para consultar las sentencias cuentan con información notoriamente desactualizada. Hay dos estados donde para hacer cualquier consulta se piden datos muy específicos del expediente. Hay otro caso donde los problemas de conectividad son permanentes

“No todas las plataformas creadas cumplen con los principios de máxima publicidad, accesibilidad, protección de datos personales, actualización y totalidad de la información. Esta situación es particularmente delicada porque la realidad es que muchos poderes judiciales desconocen realmente cuantas sentencias emiten sus jueces”, dijo Villanueva.

Un caso llamativo es el de Ciudad de México donde desde 2018 se aprobó una reforma en el congreso local que ya ordenaba, desde ese momento, la publicación de todas las sentencias. Al año siguiente se generó un espacio para ello, pero hasta la fecha, la información nunca se ha presentado completa. “Literal ha sido una simulación lo ocurrido en la capital”, añadió el abogado de Equis Justicia.

A nivel federal el Poder Judicial sí desarrolló un portal específico para el tema de las sentencias relacionadas con el Sistema Penal acusatorio, pero persisten las mismas dudas en cuanto a si se publican o no todas las resoluciones. Además, para las otras materias no existe una herramienta similar.

Un total de 22 tribunales estatales anunciaron que utilizarán un software liberado por el estado de Jalisco para facilitar la publicación de las sentencias en versiones públicas, pero hasta ahora el trabajo no está terminado. Los estados de Nuevo León, Nayarit, Oaxaca y estado de México son los que presentan los mejores motores de búsqueda.

Finalmente, ni el Poder Judicial Federal ni los poderes locales han diseñado algún protocolo o procedimiento para que las sentencias puedan ser púbicas más allá de los sitios web, situación delicada si se toma en cuenta el rezago que hay en ciertas partes del país respecto al acceso a internet.

El colectivo #LoJustoEsQueSepas identifica como una de las principales razones detrás de estos retrasos la ausencia de lineamientos claros que permitan dar cumplimiento a esta obligación de transparencia. Es una negligencia que recae tanto en el INAI como en los institutos de transparencia locales.

En el caso específico del INAI, Villanueva resaltó que hoy no ha realizado las modificaciones necesarias en la Plataforma Nacional de Transparencia para que esto se cumpla. Incluso en su sistema sigue apareciendo la leyenda “sentencias de interés publico”, pese a que dicha condición se eliminó en la reforma aprobada hace un año.

“Los institutos de transparencia son los garantes de que la información pública se transparente, de generar los lineamientos para que esto suceda y en este tema también ellos están en falta”, dice Villanueva.

La correcta elaboración de versiones públicas de las sentencias es otro de los pendientes. Laurence Pantin, coordinadora del Programa de Transparencia en la Justicia y Proyectos Especiales de México Evalúa dijo que hay casos como el de Aguascalientes donde se han publicado sentencias completas sin el cuidado de proteger datos personales, mientras que hay otros estados – la mayoría – que cubren demasiada información lo que, para efectos de transparencia, no sirve.

“Hay algunos poderes judiciales que están trabajando en automatizar las versiones públicas de sus sentencias, pero hay otros casos como el del Poder Judicial de Ciudad de México donde se siguen testando los documentos con un plumón. De ese tamaño son las discrepancias”, indicó Pantin.

¿Por qué deben ser públicas las sentencias?

La publicidad de las sentencias que los jueces emiten es vital en múltiples vertientes para el funcionamiento correcto del sistema judicial, explica Laurence Pantin.

Por un lado, se trata del mejor mecanismo para combatir la corrupción y defender la independencia judicial. El que los jueces estén obligados a transparentar todas sus decisiones implica que su trabajo pueda ser fiscalizado no solo por los expertos sino por toda la ciudadanía en general.

“Podemos ver cuales son sus criterios, podemos saber cómo resuelven en general los casos que reciben, si lo hacen con perspectiva de género, si existe consistencia en sus criterios, si hay un caso que resulte irregular o si hay discriminación. Es, sin duda, un mecanismo importante para poder evaluar”, dijo la especialista de México Evalúa.

La publicidad completa de las sentencias no solo es útil para ciudadanos y periodistas sino también para los propios operadores del sistema de justicia. Para jueces y magistrados, por ejemplo, es vital conocer todos los antecedentes de decisiones que se han tomado en el tribunal que les corresponde. “Hay tribunales donde llegan nuevos magistrados y encuentran que ni siquiera hay archivos sólidos de las condenas que se han emitido, ni ellos lo saben”, señaló Pantin

Los expertos señalaron además que transparentar el documento completo de una sentencia es el punto de partida. Un siguiente paso debe ser la elaboración de resúmenes, índices, infografías, guías de palabras clave y versiones de lectura fácil de las sentencias con la finalidad de que haya un acceso sencillo y útil a ellas.

A su vez, las sentencias públicas son un componente de la construcción de la transparencia judicial, pero no es el único. Hay temas como el acceso a las audiencias, la digitalización de archivos o el ejercicio de recursos en los poderes judiciales también son elementos clave en los que aún hay pendientes.

En ese contexto, los expertos consideraron fundamental que debe haber un seguimiento y presión colectivo para que se avance en estos pasos, sobretodo ante situaciones adversas como la que ha traído la pandemia sanitaria, la cual ha sido aprovechada por poderes judiciales para restringir procedimientos que antes ya se había logrado transparentar.

“Tenemos que ser claros, los poderes judiciales no ven a la transparencia como una prioridad. Y por ello es fundamental que las organizaciones de la sociedad civil, los medios de comunicación, la población en general y los órganos garantes de la transparencia como el INAI no suelten este tema y presionemos entre todos para construir una justicia abierta real”, dijo Luis Fernando Villanueva de Equis Justicia.