La crisis inició luego de que el grupo opositor pidió que se incluyera en el orden del día de la sesión pública un punto para evaluar el desempeño de la presidencia de Vargas, petición que este rechazó al punto de decretar la suspensión de la sesión.

Fuente: ANIMAL POLÍTICO

Por voto unánime, cinco de siete magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) destituyeron de la Presidencia de la Sala Superior al magistrado José Luis Vargas, y nombraron en su lugar al magistrado Reyes Rodríguez Mondragón.

Sin embargo, la elección fue calificada por Vargas como ilegal, al considerar que la sesión fue ilegal e inconstitucional.

La decisión fue tomada en una sesión en ausencia del propio Vargas y de la magistrada Mónica Soto.

El grupo mayoritario de cinco magistrados declaró la “ausencia injustificada” de Vargas y convocó a reanudar la sesión pública que aquél había suspendido momentos antes.

La magistrada Janine Otálora, quien tiene el carácter de magistrada decana y “presidenta por ministerio de ley”, convocó a sus colegas con una convocatoria en la que añadió dos puntos al orden del día: uno que incluía votar un acuerdo para remover a Vargas del cargo de presidente, y otro para elegir al magistrado que tomaría ese cargo, que finalmente recayó en Rodríguez Mondragón.

La remoción de un presidente y el nombramiento de uno nuevo no están previstos en la normatividad que rige al TEPJF.

La crisis de esta mañana inició luego de que el grupo opositor pidió que se incluyera en el orden del día de la sesión pública un punto para evaluar el desempeño de la presidencia de Vargas, petición que éste rechazó al punto de decretar la suspensión de la sesión.

Al reanudar la sesión, en ausencia de Vargas y Mónica Soto, los cinco magistrados hicieron un repaso de irregularidades durante la gestión del destituido presidente, incluida la investigación ministerial en su contra por presunto enriquecimiento ilícito.

El magistrado De la Mata calificó de lamentable y censurable la gestión de Vargas como presidente.

“Me parece que su desempeño como presidente de este tribunal debe ser motivo de censura”, afirmó. “Ni su desempeño ni el mío serán olvidados por la historia: seremos juzgados. Por eso lo llamo a reflexionar respecto de su ejercicio como titular de este máximo órgano, mismo que a mi juicio es censurable y así debe ser calificado por este Pleno”.

Los magistrados recordaron anomalías cometidas por Vargas, como el hecho de que les exigiera conocer sus votos antes de las sesiones públicas; diferir sesiones de manera unilateral, e incluso intentar manipular el resultado de una votación. También recordaron que el magistrado le faltó al respeto a representantes de la Judicatura Federal en su exigencia de tener camionetas blindadas.

“Nuestra decisión tiene como única finalidad asegurar una presidencia que dé certeza a la ciudadanía de que esta institución es creíble y eficaz”, dijo la magistrada Otálora. “Lo sucedido hoy debe entenderse como una declaración de principios: que la ética y la responsabilidad son la columna vertebral que sostiene a este tribunal y que rige nuestro actuar como funcionarios públicos”.

Incluso, sostuvo que el procedimiento que tiene Vargas, ante la Unidad de Inteligencia Financiera y la Fiscalía General de la República, por presunto enriquecimiento ilícito, afectan la imagen de la Presidencia y la percepción pública del Tribunal Electoral.

“Este tribunal además de ser imparcial, debe parecerlo”, insistió.

Vargas interpondrá controversia ante la Corte

El magistrado José Luis Vargas, quien desconoció el nombramiento hecho por sus compañeros, anunció una acción de controversia ante la Suprema Corte de Justicia por el caso.

Expuso que presentará la acción con base en el artículo 11, fracción 17 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, “para que la Suprema Corte de Justicia de la Nación sea quien se pronuncie sobre la legalidad de los actos derivados del día de hoy”.

Horas antes del anunció, respondió que la sesión hecha por sus compañeros es ilegal, pues dijo que no cuentan con atribuciones para removerlo, y pidió al resto del Pleno del Tribunal Electoral evitar una crisis constitucional.

“La sesión que se llevó a cabo hace unos minutos mediante una plataforma diversa a la institucional es nula de pleno derecho”, sostuvo Vargas en un video.

El magistrado explicó que la solicitud para evaluarlo no corresponde a la naturaleza de las sesiones públicas, pues, dijo, son de “carácter estrictamente jurisdiccional”.

“Los asuntos administrativos y de gobierno interno de esta institución no son materia de estas sesiones… someter la evaluación del desempeño público escapa a la atribuciones de este Pleno pues la rendición de cuentas se hace anualmente”, expuso.

Vargas sostuvo que la sesión, realizada desde la plataforma de la Escuela Judicial Electoral, constituyó “una ruptura constitucional y legal”, por lo que llamó al diálogo a sus compañeros magistrados.

“La única forma de resolver cualquier diferendo es a través del diálogo y de no ser el caso, con el respeto a las normas que regulan nuestra función. Somos jueces constitucionales y debemos actuar a la altura de nuestra investidura, los albazos no son la forma en que se solventan las diferencias”, afirmó.

También dijo que convocará a una sesión privada este jueves 5 de agosto para discutir el punto propuesto por sus compañeros magistrados. Pero advirtió que no existe la figura de remoción o destitución para el presidente del Tribunal Electoral, y que su encargo termina en noviembre de 2023.