Por José Luis Ahuactzin

La presidenta de la Comisión de Asuntos Electorales del Congreso local, Irma Jordana Garay Loredo, al final sí planteó en su ‘dictamen’ de reforma electoral diversas propuestas que benefician a diputados locales y sus partidos políticos.

Jordana Garay Loredo,el martes informó que se había presentado un ‘dictamen’ de reforma a leyes reglamentarias sin mayor contenido de relevancia constitucional, lo que al final es una iniciativa de reforma a la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales (LIPET), firmada solo por 7 diputados de 12 que integraron las comisiones unidas de Asuntos Electorales e Igualdad de Género y Contra la Trata de Personas, esta última con mayoría de sus Integrantes.

Dicha iniciativa pretende regular la reelección de diputados para el 2021 con beneficios personales, por lo que planteó la posibilidad de ser candidato por la vía plurinominal.

Por si fuera poco, también planteó que pueden ser candidatos y diputados locales al mismo tiempo, pues la iniciativa de reforma al artículo 253 permitiría esa condición.

‘En ningún caso será exigible a los diputados y diputadas que se separen del cargo, cuando pretendan la elección consecutiva,  y logren el registro de su candidatura al mismo cargo…’.

En la iniciativa, también abordaron el tema de la asignación de diputaciones plurinominales, y el umbral que plantean es reducirlo al 3 por ciento, es decir, recortan el porcentaje actual del 3.125 por ciento, y se niegan a aumentarlo al 4 por ciento.

Sobre la integración de fórmulas de candidaturas para el cargo de diputación, en materia de paridad de género, la lista no debe contener más del 50 por ciento de hombres o mujeres, pero si la lista concluye en número no o impar, deberá asignarse al género mujer.

Respecto de las candidaturas por la vía independiente, Jordana Garay Loredo planteó que sea el umbral de 3 por ciento de firmas de apoyo para asignación de candidaturas, sea de gobernador, diputados locales, planillas en ayuntamientos y presidencias de comunidad.

Por si todo esto fuera poco, también planteó que si un partido político perdiera su registro o acreditación nacional, el financiamiento público no formará parte de los bienes muebles, inmuebles patrimonio del Instituto Tlaxcalteca de Elecciones (ITE), y por lo tanto no podrán ser recuperados dichos activos.