Por Edgardo Cabrera

El viernes la activista Rosi Orozco arremetió en contra del juez Ramón Jiménez Casco y su tío, el magistrado y tristemente célebre presidente del TSJE, Mario Jiménez.

Al primero lo acusó de presuntamente liberar a un padrote, José -N- alias el “polluelo”, mientras que, al segundo, “no es la primera vez” del que se queja, escribió la también ex legisladora federal panista. 

La molestia radicó fundamentalmente porque después de 11 años de que la Procuraduría General de Justicia del Estado lo persiguió, finalmente el pasado martes 2 de junio fue capturado, sin embargo, en tiempo récord, al juez sobrino de Mario Jiménez solo le bastaron 3 días para dejarlo libre al referir que no había elementos para procesar al “polluelo” como probable responsable del delito de lenocinio.

En la misma sentencia, decretó la prescripción de la acción penal del delito de asociación delictuosa, por la que también había sido señalado, es decir, sin más, lo exculpó y dejó libre, de ahí que la parte acusadora tendrá que iniciar un nuevo periplo en busca de justicia… haber si no pasan otros 11 años.

Y si bien la presidenta de la Comisión Unidos Contra la Trata, Rosi Orozco, se quejó, lo correcto sería que proceda legalmente, de lo contrario solamente quedará en una denuncia mediática que con el tiempo se extinguirá.

HISTORIA DE IMPUNIDAD

A colación de esto, llama la atención que el juicio político promovido en contra del magistrado Mario Jiménez fue enviado a la congeladora del Congreso local.

Recordemos que fue señalado de presuntos actos indebidos en su penosa presidencia del Tribunal Superior de Justicia del Estado, particularmente por el dudoso reparto de recursos derivados de devoluciones de impuestos federales.

Aunque la denuncia fue ratificada (por cierto, promovida por dos ex magistrados), durante la pasada presidencia de la Mesa Directiva del Congreso, que encabezó Omar Milton, el caso no prosperó, por el contrario, el panista frenó el trámite legislativo e incluso intercedió a su favor, algo que incluso denunció en su momento el presidente de la Comisión de Juicio Político, el morenista, José María ‘Chema’ Méndez.  

LIMPIA

Por cierto, nos enteramos que en el TSJE inició la limpia de amigos y allegados a la familia Jiménez, quienes hace un año abusaron del poder y colocaron a compadres, amigos y parientes en puestos clave, no sólo eso, también asignaron contratos de manera discrecional en servicios como mantenimiento y seguridad. 

Entre las bajas concretadas, derivadas de que no se les ratificó su contrato, destaca el caso de Massiel Nava, hija del magistrado electoral Miguel Nava, cuyo nombramiento fue a propuesta del entonces presidente del Poder Judicial a cambio, -mañosamente- de cederle un puesto en el Tribunal Electoral para otro de sus allegados.

También figuran David Lima, sobrino del juez penal Luis Alberto; Marlen González, hija del juez Alfonso González; así como Christopher Zarate, Josué Corona, y Azael Ahuatzi.

De igual forma, hubo cambios en el área de Comunicación Social donde salió Víctor Manuel Ávila. 

Ante los movimientos vino una desesperada contraofensiva plagada de medias verdades, una de ellas, que supuestamente los despedidos eran media centena, aunque en los hechos apenas llegan a media docena de amigos y familiares de jueces y magistrados ligados con Jiménez y colocados de manera dudosa.