Por José Luis Ahuactzin 

A un mes que concretarse la mitad del periodo legislativo por el que fueron electos los 25 diputados locales, 3 años, la LXIII Legislatura local acumuló 8 vetos por el titular del Ejecutivo al incurrir en diversos errores legislativos, de contradicción de leyes, de inconstitucionalidad, e invasión de esferas competenciales, principalmente. 

Al cerrar el 2019, el Congreso local tiene en la congeladora observaciones emitidas a los decretos correspondientes por el que se planteó diversas reformas a Ley de Ecología para prohibir el uso de popotes, unicel, y bolsas de plásticos; la Ley de Protección Civil que mantiene una contradicción con la Ley General de Protección Civil. 

La Ley de Austeridad planteada en diciembre del 2018 también fue vetada, así como el Presupuesto de Egresos del ejercicio fiscal del 2019.

Por lo que antes de finalizar el año pasado, el ejecutivo vetó 4 iniciativas más: la Ley de Ingresos para el municipio de Apizaco, Ley de Ingresos para el municipio de Panotla, aunque en ambos casos solo robustecieron la justificación de las razones del por qué el Ejecutivo deberá pagar a los municipios por la operación de los rellenos sanitarios. 

Además de aquellas reformas, también observó la reforma al artículo 288 del Código Financiero, por el cual los diputados exigen que el Ejecutivo como todos los entes públicos, deberán rendir un informe cada 15 de enero del gasto público no realizado al 31 de diciembre de cada año concluido, para que sea redistribuido de nueva cuenta. 

Y el octavo veto realizado fue a la Ley de Definición de Límites Territoriales Intermunicipales otorgando facultades el Ejecutivo para la resolución de conflictos, cuando la propia Constitución local establece que son facultades exclusivas del Congreso del estado.