Por Joel Paredes Olguín

Director del CEEOP

Analizar la percepción ciudadana acerca de las instituciones públicas tiene como principal objetivo ubicar los niveles de confianza que el ciudadano común otorga al gobierno entendido como el aparato burocrático que administra y gestiona los recursos y los asuntos públicos. Más allá de la eficacia con que operen, La representatividad y legitimidad de dicho aparato burocrático y de quienes lo integran descansan, principalmente, en los niveles de confianza ciudadana de que dispongan.

En el caso de nuestro más reciente estudio, la opinión espontánea de los entrevistados se expresa una negativa calificación al respecto, pues casi 48% de los entrevistados tiene una percepción negativa (entre “mal” y “muy mal“) acerca del funcionamiento de las instituciones públicas en Tlaxcala; mientras que una cuarta parte de ellos considera que el funcionamiento institucional en el estado es positivo (24.6% entre “bien” y “muy bien”).

La opinión más extendida es que las instituciones públicas en nuestra entidad posponen el interés ciudadano o el desempeño de su función pública, para privilegiar los propios intereses de quienes las integran. En dicha percepción, evidentemente, caben fenómenos desde corrupción, patrimonialismo, influyentismo, favoritismo y demás cuestiones asociadas al uso discrecional de los recursos públicos. Solamente una cuarta parte de los entrevistados consideró que la función institucional está orientada al servicio ciudadano.

Al respecto, las acciones emprendidas por la actual administración para mejorar el desempeño institucional, son percibidas con un marcado descreimiento por parte de los entrevistados: casi 80% de los participantes en este estudio de opinión considera que la situación prevalecerá o, eventualmente empeorará, mientras que tan sólo 17% considera que tales medidas incidirán en un mejor trabajo de las instituciones.

La universidad pública, la iglesia católica, la iniciativa privada y el gremio magisterial son los grupos mejor evaluados en términos de confianza. Destacan en este aspecto la iglesia y la universidad pública, con niveles de confianza de más de 66% en el caso de la primera, y 55% en el caso de la UAT.

En contraparte, la procuración justicia, la función electoral y el organismo legislativo son, junto a los partidos políticos y las instituciones bancarias, los peor evaluados en cuanto a su confiabilidad. En tanto, los medios de comunicación resultan con muy escasos márgenes de confianza: 63% de los entrevistados manifestaron tener poca o nula confianza en ellos. Es insoslayable que –dada la función informativa que cumplen los medios—recuperar la confiabilidad en ellos es fundamental para elevar la percepción ciudadana de confiabilidad en el resto de las instituciones.

Los cotidianos fenómenos de corrupción que enfrenta el ciudadano promedio en la realización de trámites y gestiones gubernamentales son la principal fuente de descrédito institucional: tres cuartas partes de los participantes en el estudio, manifestaron que existe corrupción al momento de realizar dichas gestiones en dependencias gubernamentales.

Este momento (el de la realización de trámites oficiales) es el de mayor contacto entre el ciudadano y su gobierno, por lo que mucho se mejoraría en términos de percepción ciudadana al respecto, si se cuidara la rectitud y eficiencia de los operadores burocráticos que atienden tales gestiones.

En el ámbito municipal, espacio de interacción gobierno-ciudadano por excelencia, la percepción sobre prácticas corruptas por parte de funcionarios municipales es altamente considerable.

Esta opinión se complementa con la contundente descalificación sobre el desempeño de los funcionarios municipales y la escasa responsabilidad con que ejercen sus funciones. Es claro que la corrupción no es el único problema de la gestión municipal en su relación con los habitantes; la calidad del servicio, la eficiencia y el apego a la responsabilidad que supone el servicio público son áreas de oportunidad relevantes.

Este complicado panorama en términos de confiabilidad ciudadana sobre las instituciones, se complementa con la muy negativa percepción de la personalidad y calidad moral de los funcionarios públicos (presidentes municipales, diputados).

Este componente subjetivo de la confianza en las instituciones reclama, sin duda, la selección de mejores perfiles tanto de los funcionarios designados como de los electos, aspecto en el que partidos y gobernantes, tienen una importante tarea que atender.

Una tarea igualmente importante e impostergable tienen los propios medios de comunicación en términos de incrementar su credibilidad.

Es común asumir que en la actualidad son las redes sociales los espacios privilegiados por los ciudadanos para informarse y transmitir información; los datos que presenta el estudio que hoy se publica parecen corroborarlo. Sin embargo, entre las razones que explican esta nueva forma de consumo de información, debe considerarse la escasa credibilidad con que cuentan los medios tradicionales.

Incrementar los niveles de profesionalismo y ética en el desempeño de la actividad periodística resulta igualmente indispensable. Debe considerarse que el periodismo es uno de los vínculos entre los gobiernos, sus instituciones y los ciudadanos. Son el cauce mediante el cual las instituciones se enteran de las percepciones y necesidades de la ciudadanía, lo mismo que el espacio donde tales ciudadanos se enteran de las acciones y proyectos gubernamentales.

Mientras la operación de los medios se limite a la esfera gubernamental, desatendiendo la agenda social y lo que una amplia diversidad de actores tiene que decir, no solamente se estará incumpliendo la responsabilidad social del periodismo, sino que subsistirán los niveles de desconocimiento y desconfianza ciudadana en sus instituciones.

LEE EL ESTUDIO COMPLETO AQUÍ ENCUESTA SOBRE INSTITUCIONES TLAXCALA-MAYO 2017