Por José Luis Ahuactzin

Tras reconocer los diputados locales que mantienen en rezago legislativo a la Constitución del estado en materia de derechos humanos dentro del régimen penitenciario, este jueves en la sesión legislativa se presentó al pleno una reforma constitucional que corregirá el atraso en el que se mantienen desde el 2011.

De acuerdo con la lectura del dictamen presentado por la diputada del PRI, Angélica Zarate Flores, ”la reforma del 10 de junio de 2011 subraya que en nuestras cárceles se deben respetar los derechos humanos y que no puede haber un régimen penitenciario compatible con la Constitución que permita la violación de tales derechos…”.

Por ello, al adicionar los párrafos décimo, décimo primero, y décimo segundo del artículo 20 constitucional, ahora se establecerá que “sólo por delito que merezca pena privativa de libertad habrá lugar a prisión preventiva. El sitio de ésta será distinto al destinado para la extinción de las penas y ambos estarán completamente separados….”.

El décimo primero refiere que “el sistema penitenciario se organizará sobre la base del respeto a los derechos humanos, del trabajo, la capacitación para el mismo, la educación, la salud y el deporte como medios para lograr la reinserción del sentenciado a la sociedad y procurar que no vuelva a delinquir, observando los beneficios que para él prevé la Ley. Para tal efecto, las mujeres compurgarán sus penas en lugares separados de los destinados a los hombres….”.

Mientras que el restante observará que “el Estado podrá celebrar convenios para que los sentenciados por delitos del ámbito de su competencia extingan las penas en establecimientos penitenciarios dependientes de una jurisdicción diversa…”.

Previo a esta reforma, Tlaxcala es considerado por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) como una entidad con el 90.9 por ciento de armonización en la materia; en tanto que los que tienen al cien por ciento, son 12: Baja California Sur, Ciudad de México, Coahuila, Colima, Durango, Guanajuato, Hidalgo, Jalisco, Oaxaca, Sinaloa Yucatán, y Zacatecas.

El dictamen fue turnado a la comisión de Puntos Constitucionales, Gobernación y Justicia para que dictamine al respecto.