Tlaxcala| José Luis Ahuactzin.- El presidente de la comisión Estatal de los Derechos Humanos (CEDH), Francisco Mixcoatl Antonio, informó que se emitieron 4 recomendaciones para sancionar y procesar a 9 servidores públicos y al ex presidente municipal de Ixtenco, Marcelo Antonio Aguilar Sánchez, tras documentarse abuso de autoridad, responsabilidad administrativa y los que resulten.

En conferencia de prensa, el ombudsman y 3 visitadores adjuntos, informaron que el primer caso es contra 2 ex agentes del Ministerio Público, recomendación 05/2015: Rosaba Matlalcoatl Sánchez y Verónica Susana Siliezar Guardado a quienes se les debe iniciar un procedimiento de responsabilidad administrativa en la Contraloría del Ejecutivo (CE) por detener e incomunicar a una persona en las instalaciones tras un accidente en el que se demostró que no participó, sólo fue agraviado por la colisión, ello ocurrió en el 2012.

Respecto de la recomendación 06/2015, se detalló que son 5 elementos de Seguridad Pública Municipal de Apizaco a quienes se recomienda someterlos a Consejo de Honor y Justicia por abuso de autoridad contra un elemento de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) que fue detenido por arrollar a un motociclista aun y cuando no se causó lesiones.

Se documentó que en el 2014, al militar se le violentó sus garantías por multarlo sin entregarle un recibo de cobro, pagó facturas de atención médica del accidentado sin que lo solicitara en el momento del accidente, por ello, se pide al Ayuntamiento de Jorge Luis Vázquez Rodríguez inicie procedimiento contra los policías en activo: Lucía Colín Quiriz, Daniel Hernández Briones, Juan Carlos Vázquez Cortes y Demetrio Sánchez Romero.

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Incluso, se giró oficio a la Procuraduría General de Justicia de Tlaxcala (PGJE), se inicie la investigación por el delito de abuso de autoridad.

En el caso del ex presidente municipal de Ixtenco, Marcelo Antonio Aguilar Sánchez, bajo la recomendación 07/2015, se pide iniciar un proceso sancionador y se sugiere al actual edil que se indemnice a un grupo de pobladores que les fue afectado en sus predios para la construcción del libramiento poniente San Juan Ixtenco ocurrido en el 2012, pues a pesar de estar amparados por la corte federal, se derribaron linderos, causando daños en las propiedades y perjuicios.

En tanto que la recomendación 8/2015 contra dos funcionarios de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (Secte): Manuel Ruiz García y Rosa Torres o Rosa Isela Torres Lemus, se pide a la procuraduría estatal iniciar las indagatorias correspondientes por el delito de abuso de autoridad contra un particular que solicitó los servicios de la dependencia.

Además se solicita a la PGJE administre la justicia en la Averiguación 226/2013/CHIAU-2 ya que el quejoso presentó la denuncia por haber dado de baja sus placas y de existir una copia simple de la factura de su vehículo por el que fue vendida a un tercero y sin que él supiera que su unidad Mazda ya había sido vendida, por lo que se solicita el esclarecimiento de los hechos.