Senadora Adriana Dávila Fernández.

En un Estado que se precie de ser democrático, los funcionarios públicos deben cumplir con los ordenamientos jurídicos que respeten los derechos humanos.  La libertad de las personas por su parte, se sustenta primero, en el conocimiento de sus derechos para luego ejercerlos a plenitud y tener la confianza de que las autoridades tienen la obligación de salvaguardarlos en todo momento.

Por ello, el nombramiento del titular de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) es fundamental para esta LXII Legislatura.  Resulta indispensable el esfuerzo común entre el Senado de la República, las instancias públicas y las organizaciones sociales especializadas en la materia para atender los problemas y dar seguimiento a las legítimas inquietudes en este rubro.

En el Grupo Parlamentario de Acción Nacional en el Senado de la República, nos hemos propuesto eliminar cualquier tipo de suspicacia o duda en este proceso de selección.  Buscamos dar certeza jurídica desde el momento mismo en que se emitió la convocatoria correspondiente.  Nuestro empeño es demostrar que el trabajo legislativo no tiene dedicatorias ni vetos, porque lo que se requiere es una Comisión de Derechos Humanos independiente, comprometida y dispuesta a tomar decisiones objetivas e imparciales.

A partir de esta semana las Comisiones de Derechos Humanos y de Justicia del Senado de la República, comenzarán el proceso de revisión y valoración de los candidatos que aspiran a la titularidad de este organismo, sea por elección o en su caso, reelección.  No está de más anotar que se trata de un cargo que requiere compromiso, autonomía y vocación social.

Las  comparecencias se realizarán los días 28 y 30 de octubre.  Se formularán preguntas sobre  antecedentes académicos y especializaciones de los aspirantes; su conocimiento, experiencia profesional, manejo de criterios, recomendaciones o sentencias emblemáticas en materia de derechos humanos; la vinculación con la sociedad civil, esferas del poder público y la propia Comisión Nacional de Derechos Humanos.

Las Organizaciones de la Sociedad Civil participarán de manera activa con los Senadores, para conocer sus inquietudes, propuestas y puntos de vista del proceso mismo.

México vive momentos complejos ante las evidencias contundentes que vinculan en algunos casos, a las autoridades estatales y municipales con la delincuencia organizada, lo cual ha derivado en abusos que atentan contra los derechos humanos de los mexicanos.  No sólo son los casos de Durango, Guerrero, Estado de México, Michoacán, Sinaloa, Tamaulipas o Veracruz; es el miedo que se respira, la impotencia de los ciudadanos al tener conocimiento de “gobernantes” prófugos de la justicia, de desaparecidos, asesinatos, fosas convertidas en cementerios clandestinos de cuerpos sin nombres, o historias que mucho alarman e impulsan a los habitantes a conformar “defensas ciudadanas”, ante la ineficiencia de las autoridades encargadas de procurar justicia.  Indudable debilidad institucional.

Ante estos hechos concurrentes de abuso de autoridad o del uso de la violencia como instrumento represor, sólo se genera desconfianza, descontento y malestar social. Cierto es que para lograr la paz en México, debemos erradicar la corrupción e impunidad que operan al márgen de la justicia, círculo perverso que lastima el orden institucional.  Sólo con valores éticos para cumplir y hacer cumplir la ley, con estricto apego a los derechos humanos se establecerá un auténtico estado de derecho.

Es importante recordar que en las evaluaciones realizadas por la Organización de la Naciones Unidas (ONU) sobre los derechos humanos, nuestro país tiene asuntos pendientes en la protección y defensa para la implementación de esos derechos. De poco sirve contar con andamiaje jurídico adecuado, si este no se cumple.

La construcción de una cultura de la legalidad, de respeto y reconocimiento de los derechos humanos es tarea de todos los mexicanos; aceptando que todos somos iguales ante la ley y nadie, ni siquiera la autoridad, debe tener privilegios adicionales.  Es en términos prácticos, un llamado a la modificación de hábitos y formas de pensamiento, de tal manera que la tolerancia sea una constante en la convivencia diaria.

Por lo anterior, es necesario fortalecer a la institución garante de los derechos humanos. Es responsabilidad del Senado de la República trabajar para que se garanticen los derechos humanos de los mexicanos sin distinción alguna. No es un asunto de cuotas partidistas. Es una responsabilidad, sin dedicatorias ni vetos. Estamos en la búsqueda de la defensa escrupulosa de los derechos humanos, desde cualquier ángulo.

La tarea no es sencilla, porque en la valoración de perfiles profesionales para el desempeño de un cargo tan delicado y complejo, no deben caber los sesgos políticos. Tenemos que ser coherentes para la sociedad en su conjunto. Ello permitirá promover consensos que garanticen la legalidad.

GUERRERO

La solicitud de licencia presentada por el gobernador, así como el nombramiento de su sustituto, no resuelven el problema.  La prioridad es determinar ¿qué pasó con los normalistas desaparecidos? y castigar a los culpables de esos lamentables hechos.