La comparecencia concluyó sin que alguno de los funcionarios identificara quién autorizó el uso de agua a presión y las detenciones contra los manifestantes. Las explicaciones de los funcionarios contrastaron con los testimonios de los asistentes a la marcha del 11 de octubre, quienes denunciaron golpes, amenazas, incomunicación y otros abusos durante su detención.

Fuente: PROCESO

GUADALAJARA, Jal., (apro) .- Los titulares del Gabinete de Seguridad de Jalisco comparecieron ante diputados locales para explicar la actuación policial durante la manifestación del 11 de octubre en Casa Jalisco, donde ciudadanos exigieron agua potable limpia. Sin embargo, ninguno identificó quién autorizó el uso de agua a presión ni las detenciones de manifestantes, mientras las víctimas reclamaron la falta de disculpas y de responsabilidades institucionales por las agresiones que denunciaron.

La sesión, realizada ante las comisiones legislativas de Seguridad y de Desaparecidos del Congreso estatal, estuvo marcada por los testimonios de personas detenidas, los cuestionamientos de legisladores y la confrontación entre manifestantes y familiares de policías que participaron en el operativo.

Dos de las 39 personas detenidas durante aquella jornada exigieron la renuncia de los funcionarios presentes. La petición no obtuvo respuesta directa.

A la comparecencia asistieron el secretario general de Gobierno, Carlos Arias Madrid; el coordinador estratégico de Seguridad, Roberto Alarcón Estrada; el secretario de Seguridad, Juan Pablo Hernández González, y el fiscal estatal, Salvador González de los Santos.

Al ser cuestionado sobre quién autorizó el uso de agua a presión y las detenciones, Alarcón Estrada dijo desconocerlo. Argumentó que la coordinación a su cargo carece de atribuciones operativas, conforme a la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo.

«Sobre quién autorizó el uso del agua y la detención de las personas en el lugar que citó, no tengo esa información. Las facultades de la coordinación no establecen facultades de carácter operativo», respondió.

El secretario de Seguridad, Juan Pablo Hernández González, defendió la actuación policial y sostuvo que el operativo se desarrolló conforme al marco legal. Para justificarlo, enumeró las disposiciones que, afirmó, se consideraron en la elaboración del protocolo, entre ellas la Constitución federal, la Ley Nacional sobre el Uso de la Fuerza y la legislación estatal en materia de seguridad y movilidad.

«Respecto al protocolo que se llevó a cabo fue estrictamente apegado al marco legal», aseguró.

El funcionario sostuvo que los policías conocen los protocolos y tienen la obligación de respetar los derechos humanos, aunque reconoció que algunos elementos toman malas decisiones.

Informó que 17 policías fueron identificados para revisión por posibles irregularidades y que 237 agentes que participaron en el operativo deberán comparecer ante Asuntos Internos para reconstruir los hechos.

El fiscal estatal, Salvador González de los Santos, confirmó que se inició proceso contra las 39 personas detenidas y defendió las actuaciones de la institución. Aseguró que se realizaron lecturas de derechos y valoraciones médicas, e invitó a los afectados a presentar sus señalamientos en las carpetas de investigación abiertas.

«Yo los invitaría a que hagan estas manifestaciones en las denuncias que tenemos abiertas y tengan la seguridad que se va a investigar», manifestó.

Víctimas relatan agresiones bajo custodia

Las explicaciones de los funcionarios contrastaron con los testimonios de personas que denunciaron golpes, amenazas, incomunicación y otros abusos durante su detención.

Daniela Álvarez Zepeda, médica, relató que durante la manifestación fue sometida con agua a presión, golpeada y jalada del cabello por cinco hombres encapuchados. Las agresiones, afirmó, le provocaron múltiples contusiones, un esguince cervical y alopecia por tracción.

También señaló que la violencia continuó después de su traslado a Casa Jalisco y posteriormente a la Fiscalía, donde denunció que los detenidos fueron incomunicados, obligados a desnudarse y presionados para firmar documentos con horarios inconsistentes.

«Mientras me llevaban a un cuarto dentro de Casa Jalisco, empecé a gritar mi nombre para que alguien supiera quién era. Tenía miedo de desaparecer y de que mi familia jamás supiera qué me había pasado», relató.

La médica sostuvo que las agresiones no terminaron cuando dejaron de golpearla, sino que continuaron durante el tiempo que permanecieron bajo custodia de autoridades que, dijo, no estaban identificadas.

Luis Antonio Palacios Vázquez, biólogo de 27 años, denunció que más de diez policías encapuchados lo golpearon junto con su pareja. Ambos fueron derribados y agredidos con macanas y patadas en distintas partes del cuerpo, incluida la cabeza.

Palacios Vázquez afirmó que lo separaron de su pareja y lo trasladaron por una entrada lateral a Casa Jalisco, ensangrentado y con moretones. Durante el traslado, aseguró, recibió amenazas de que no volvería a ver a su familia.

También denunció que permanecieron más de cinco horas sin agua ni alimentos, fueron obligados a realizar sentadillas desnudos y encerrados en celdas insalubres.

El biólogo exigió justicia y cuestionó que el operativo utilizara agua a presión y gas lacrimógeno contra personas que se manifestaban para exigir agua limpia, entre ellas adultos mayores y niños.

Gobierno promete consecuencias, pero no identifica responsables

Ante los reclamos, el secretario general de Gobierno, Carlos Arias Madrid, aseguró que los abusos que pudieron cometerse durante la manifestación no serán tolerados y que habrá consecuencias legales para los servidores públicos que hayan actuado de manera irregular.

«No va a haber impunidad. Va a haber consecuencias legales para los servidores públicos que actuaron mal. Siéntanse con la tranquilidad de que el Estado los va a respaldar», expresó.

La declaración contrastó con las respuestas del resto de los funcionarios, quienes no precisaron quién tomó las decisiones operativas ni reconocieron fallas institucionales durante el despliegue policial.

Las autoridades remitieron las posibles irregularidades a las investigaciones de Asuntos Internos, mientras los hechos también se encuentran sujetos a indagatorias de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y de la Fiscalía General de la República (FGR).

Las víctimas reprocharon que, pese a las horas de comparecencia, ningún funcionario ofreciera una disculpa pública ni asumiera responsabilidad por la actuación de las corporaciones.

Familiares de policías también reclaman atención

La comparecencia incorporó otro frente de inconformidad con la presencia de familiares de policías que participaron en el operativo y resultaron lesionados.

Berta Alicia Flores Bocanegra, madre de un elemento estatal, reclamó que durante la sesión se minimizara la situación médica de los uniformados. Afirmó que su hijo sufrió lesiones graves en los dedos y está en riesgo de perder el segundo.

«Mi hijo está a punto de perder el segundo dedo. Mi hijo fue golpeado, cortado de sus dedos y sí es cierto, porque es cierto que sí se utilizaron», manifestó.

Clara Aidé Cobarruvias Díaz, esposa de otro policía, cuestionó que se exhibieran videos de la actuación de los uniformados sin mostrar, según dijo, las agresiones que también sufrieron los elementos.

«Yo no tengo un video que pueda presentar en esa pantalla cuando agredieron a mi pareja. Si grabaron, pues tenían que haber grabado todo», reclamó.

La presencia de familiares de policías derivó en un enfrentamiento verbal con algunas de las personas detenidas durante la protesta. Estas últimas les sugirieron dirigir sus reclamos hacia las autoridades presentes, a quienes responsabilizaron de responder por las decisiones tomadas durante el operativo.

En otro momento de la sesión, las diputadas Itzul Barrera Rodríguez, de Morena, y Tonantzin Cárdenas Méndez, de Futuro, advirtieron sobre un posible riesgo de incendio por la supuesta presencia de personas infiltradas entre quienes se encontraban afuera del Congreso y que presuntamente portaban gasolina. El señalamiento no fue confirmado por las autoridades ni por los responsables de la seguridad del recinto legislativo.

La comparecencia concluyó sin que los funcionarios identificaran a quien autorizó el uso de la fuerza ni precisaran responsabilidades institucionales por los hechos del 11 de octubre. Las víctimas se retiraron con reclamos de justicia, exigencias de investigación y cuestionamientos a la respuesta del gobierno estatal.