Este día, durante el desarrollo de la Sesión Ordinaria del Congreso del Estado de Tlaxcala, se presentó la Iniciativa con Proyecto de Decreto para adicionar diversas disposiciones al Código Penal para el Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, con el propósito de fortalecer la protección jurídica de niñas, niños y adolescentes frente a conductas de explotación de su trabajo.

La propuesta, presentada por la diputada Sandra Guadalupe Aguilar, plantea incorporar el artículo 357 Bis para tipificar el delito de explotación del trabajo infantil, estableciendo sanciones para quienes empleen, induzcan o permitan que personas menores de 18 años realicen actividades laborales bajo circunstancias de violencia, amenazas, engaño, sometimiento o aprovechamiento de su situación de vulnerabilidad. 

También contempla los casos en que estas actividades pongan en riesgo su salud e integridad, obstaculicen su educación o impliquen la disposición indebida de los beneficios generados por su trabajo. Para estas conductas se proponen penas de dos a cinco años de prisión y multas de 144 a 360 días, además de un incremento de hasta la mitad de las sanciones cuando exista una relación de parentesco, tutela, custodia, cuidado o autoridad y se aproveche para cometer el delito.

La Iniciativa contempla adicionar el artículo 357 Ter para precisar que la participación de personas menores de edad en actividades familiares, comunitarias, culturales, artesanales o de transmisión de conocimientos tradicionales no constituirá por sí misma el delito, siempre que se respeten sus derechos, dignidad e integridad, no se ponga en riesgo su desarrollo ni se obstaculice su educación. La propuesta fue turnada a la Comisión de Puntos Constitucionales, Gobernación y Justicia y Asuntos Políticos para su estudio, análisis y dictamen correspondiente.

Con esta propuesta legislativa se busca establecer herramientas jurídicas que permitan distinguir entre las actividades compatibles con el desarrollo de niñas, niños y adolescentes y aquellas que constituyen formas de explotación, a fin de fortalecer su protección y garantizar el respeto pleno de sus derechos.