Habitantes señalan contradicciones en las respuestas oficiales sobre las obras en la unidad deportiva y cuestionan la falta de autorizaciones ambientales.

Por Stephany Rodríguez

Integrantes del Comité para la Defensa de los Campos Deportivos de Guadalupe Ixcotla, del comité encargado de investigar el proyecto del Centro de Educación y Cuidado Infantil (CECI) en el campo 5 de Santa Cruz Guadalupe y de la colectiva de mujeres “Comunidad Guadalupe Ixcotla. Nuestra Tierra, Nuestra Libertad” denunciaron presuntas inconsistencias en la información oficial relacionada con las obras atribuidas al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en la Unidad Deportiva Guadalupe Ixcotla.

A través de un pronunciamiento, las organizaciones informaron que el 13 de octubre recibieron una respuesta del IMSS a una solicitud de información pública presentada mediante la Plataforma Nacional de Transparencia, en la que requirieron los permisos y autorizaciones ambientales para la tala de 13 árboles ocurrida el 13 de marzo, así como para los trabajos iniciados los días 5 y 6 de julio de 2026 en el campo 2 de la unidad deportiva.

De acuerdo con el documento, el Departamento de Construcción y Planeación Inmobiliaria del IMSS informó que, tras una búsqueda en sus archivos físicos y electrónicos, no encontró registro de acciones de obra en el predio relacionadas con la tala de árboles del campo 5.

Ante esta respuesta, los inconformes recordaron que el 13 de marzo fueron derribados 13 árboles en ese espacio deportivo por personal de la Dirección de Protección Civil y de la Dirección de Ecología del municipio de Chiautempan. Según su versión, en ese momento los trabajos se justificaron como parte de los preparativos para una obra del IMSS.

Por ello, responsabilizaron a la presidenta municipal de Chiautempan, Blanca Estela Angulo Meneses, por la afectación ambiental y exigieron la restauración del área.

Respecto a los trabajos realizados en el campo 2 durante julio, la respuesta del IMSS señaló que las labores fueron ejecutadas por el Gobierno del Estado de Tlaxcala y anexó una Manifestación de Impacto Ambiental (MIA), según la información proporcionada por las organizaciones.

Sin embargo, señalaron una presunta contradicción con el informe justificado presentado por la gobernadora Lorena Cuéllar Cisneros en el marco de un juicio de amparo, fechado el 7 de septiembre de 2026. De acuerdo con los promoventes, en ese documento la mandataria negó la existencia del acto reclamado relacionado con el inicio de la construcción de instalaciones del IMSS en la Unidad Deportiva Guadalupe Ixcotla.

Los inconformes informaron que el 16 de octubre dieron a conocer esta situación al juez federal y acusaron a la gobernadora de haber presentado información falsa ante la autoridad judicial. Esta afirmación corresponde al señalamiento de las organizaciones y no a una resolución judicial acreditada en la información proporcionada.

A las presuntas inconsistencias se suma un oficio notificado el 14 de octubre por el director de Gestión Ambiental de la Secretaría de Medio Ambiente de Tlaxcala, en el que, según los inconformes, se informó que no se localizó expediente, registro de ingreso, solicitud de evaluación ni trámite de Manifestación de Impacto Ambiental promovido por el IMSS o alguna empresa contratada por el instituto respecto del sitio y las obras señaladas.

Las organizaciones cuestionaron la falta de claridad sobre las autorizaciones ambientales y la responsabilidad de las autoridades involucradas en las intervenciones realizadas dentro de los campos deportivos comunitarios.

Asimismo, sostuvieron que las acciones se llevaron a cabo sin el consentimiento de las comunidades y señalaron una presunta vulneración de sus derechos a la consulta previa, libre e informada, así como a la conservación de su territorio.

Finalmente, exigieron que se esclarezca la situación legal y ambiental de las obras, así como la reparación de los daños ocasionados por el derribo de los 13 árboles en el campo 5 de Santa Cruz Guadalupe.