Fuente: PROCESO

En la Ciudad de México domicilios también son fosas clandestinas. La cifra alcanza a miles de predios, incluso en el mismo Centro Histórico. Proyecciones a partir de cifras oficiales, indican que la mitad de los desaparecidos y una tercera parte de mujeres víctimas de feminicidio han sido enterrados en propiedades privadas.

Parte de la crisis de desapariciones en la Ciudad de México se prolonga y permanece impune al otro lado de una puerta cerrada, cuando una línea de investigación conduce a un inmueble privado y la búsqueda queda sujeta a un cateo que puede tardar meses o años en concretarse, un plazo que rebasa por mucho las primeras 72 horas de búsqueda, decisivas para una localización con vida.

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) no ofrece datos públicos que permitan saber cuántas carpetas abiertas por desaparición tienen indicios que apuntan a una casa, una bodega o un negocio. Sin esa información no es posible dimensionar cuántas búsquedas atraviesan ese obstáculo en una ciudad donde, de acuerdo con el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO), cinco mil 638 personas permanecen desaparecidas hasta el 18 de septiembre de 2026.

La falta de datos oficiales no vuelve marginal el problema: entre 2020 y 2024 el informe Trazar la ausencia, caminar la esperanza, del Programa de Derechos Humanos de la Universidad Iberoamericana (Ibero), documentó que 53% de las fosas clandestinas registradas en la CDMX estaban en predios privados, principalmente en el sur y la zona centro de la capital.

Proceso mantuvo contacto con cinco familias buscadoras con investigaciones que conducen a domicilios particulares y cuyos cateos siguen pendientes, en algunos casos desde hace seis meses y en otros hasta cinco años, aun cuando fueron las propias víctimas indirectas quienes encabezaron las búsquedas, localizaron las direcciones, llevaron esa información ante las autoridades y aportaron datos de prueba para sustentar las diligencias.

Dos casos condensan esa demora. El primero es el de Edith Guadalupe Valdés, una joven de 21 años que desapareció después de acudir a una supuesta entrevista de trabajo en un edificio de avenida Revolución, y fue localizada sin vida dentro del mismo inmueble, tras una búsqueda marcada por dilaciones que dejaron abierta la pregunta sobre lo que habría ocurrido con una intervención oportuna.

El segundo es el de una madre que desde hace un lustro busca a su hijo, desaparecido en Tepito, mientras espera que las autoridades cateen un domicilio ubicado en ese mismo barrio, ubicado gracias a la información que ella misma recabó.

En entrevista, Andrea Horcasitas, investigadora del Programa de Derechos Humanos de la Ibero y coautora de Trazar la ausencia…, explica que las búsquedas suelen atorarse cuando llegan a un inmueble privado porque a partir de ese momento ya no basta con seguir el indicio: la diligencia deja de depender exclusivamente de la Fiscalía capitalina y de la Comisión de Búsqueda local, pues el Ministerio Público debe convertir esa línea de investigación en una solicitud de cateo suficientemente sustentada para que un juez autorice el ingreso.

Esa complejidad burocrática no es la única traba. “Pareciera que no hay voluntad suficiente para pedir un cateo, no hay capacidad institucional suficiente para garantizar que se hagan búsquedas a tiempo en inmuebles particulares, y obviamente tiene su complejidad, no vamos a decir que solicitar cateos es sencillo, pero sí es algo que las familias han identificado de años, tanto en el Estado de México como en la Ciudad de México, una vez que la investigación o la búsqueda da a un inmueble se paraliza”, apuntó.

Para Horcasitas el problema está en el desfase entre los tiempos del procedimiento y la urgencia de actuar ante una desaparición, cuya búsqueda debería emprenderse siempre bajo la expectativa primordial de una localización con vida: “Habría que seguir exigiendo que realicen más búsquedas en cateos, que sea una herramienta de búsqueda expedita, que no tome años llevar una investigación a tal punto que nos permita conseguir un cateo, sobre todo cuando se cree que la persona pueda correr riesgo”.

Violencia feminicida bajo llave

Dentro de ese universo de búsquedas pendientes, las desapariciones de mujeres obligan a mirar con especial atención al interior de los domicilios. En la Ciudad de México ellas representan una tercera parte de las personas que permanecen desaparecidas, según el RNPDNO.

La proporción es todavía mayor entre el 5 de octubre de 2024, cuando comenzó el gobierno de la morenista Clara Brugada, y el 19 de septiembre de 2026, periodo en el que 665 mujeres fueron reportadas como desaparecidas y no localizadas, 35.66% del total.

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