Trabajadora de la UTT señala que la estructura gubernamental estaría siendo utilizada para favorecer un proyecto rumbo a 2027

Por Stephany Rodríguez

Durante una rueda de prensa, una trabajadora de la Universidad Tecnológica de Tlaxcala (UTT) denunció públicamente presuntas represalias laborales y presiones políticas al interior de la estructura gubernamental estatal, luego de que, según su testimonio, dejara de respaldar actividades relacionadas con el proyecto político de Alfonso Sánchez García.

La exjefa del Departamento de Recursos Humanos de la institución, Aquina Castañeda Romero, afirmó que fue cesada el pasado 21 de julio de 2026, después de haber participado en un evento de la senadora Ana Lilia Rivera, situación que, de acuerdo con su versión, habría sido tomada como motivo para separarla de su cargo.

Castañeda Romero sostuvo que el procedimiento mediante el cual fue removida no se realizó de manera formal, pues aseguró que personal de la Secretaría de Anticorrupción y Buen Gobierno acudió a la Universidad para indicarle que debía realizar la entrega-recepción, sin mostrarle según su declaración un oficio que justificara el cambio.

De acuerdo con su testimonio, fue informada de que ese sería su último día y que una persona ocuparía su puesto. La exfuncionaria señaló que se negó inicialmente a firmar la entrega-recepción al considerar que el procedimiento no se había realizado conforme a las disposiciones administrativas correspondientes.

La denunciante también acusó presunto acoso laboral durante el periodo en que recibió tratamiento contra el cáncer, y afirmó que el director administrativo de la institución, Daniel Herrera Carvajal, le habría solicitado documentación para acreditar su estado de salud, incluso mientras se encontraba en quimioterapias.

Castañeda Romero aseguró que presentó una queja ante organismos de derechos humanos y que también analiza acciones en materia laboral y electoral. Sin embargo, señaló que hasta el momento no habría recibido una respuesta a su denuncia.

Uno de los principales señalamientos realizados durante la conferencia fue el supuesto uso de trabajadores y estructuras gubernamentales para respaldar aspiraciones políticas rumbo a 2027.

La exservidora pública afirmó que diversos trabajadores recibirían instrucciones para participar en actividades políticas y que existirían presiones para respaldar determinado proyecto.

Incluso aseguró contar con evidencias de que trabajadores habrían sido movilizados para realizar actividades de campaña, aunque dichas pruebas no fueron detalladas públicamente durante la conferencia.

En ese contexto, señaló directamente a funcionarios de la Universidad Tecnológica de Tlaxcala como quienes, según su versión, habrían ejecutado las decisiones administrativas relacionadas con su salida. Mencionó al rector Lenin Calva Pérez y al director administrativo Daniel Herrera Carvajal, aunque reconoció que no ha tenido contacto directo con Alfonso Sánchez García para atribuirle personalmente la decisión de su despido.

‘No creo que ellos hagan las cosas por sí solos’, sostuvo al referirse a los funcionarios universitarios, al considerar que las instrucciones podrían descender mediante una estructura jerárquica.

Ante versiones que relacionarían su salida con una presunta filtración de información interna, particularmente de nóminas, Castañeda Romero rechazó dicha acusación.

Explicó que durante aproximadamente un año estuvo incapacitada y que no tenía bajo su responsabilidad el manejo de la nómina, por lo que negó haber filtrado información relacionada con los salarios o puestos de trabajadores.

Asimismo, sostuvo que parte de la información salarial de servidores públicos puede ser consultada mediante los mecanismos de transparencia, por lo que rechazó que tuviera acceso privilegiado a información que pudiera justificar su despido.

Durante la conferencia, la exjefa de Recursos Humanos hizo un llamado a la gobernadora de Tlaxcala, Lorena Cuéllar Cisneros, para que intervenga ante lo que calificó como posibles violaciones a sus derechos laborales y humanos.

Afirmó que su preocupación no se limita a su caso, sino que existen trabajadores que, por temor a perder sus empleos, no se atreven a denunciar presuntas presiones políticas.

‘Yo ya no pierdo nada’, expresó, al señalar que decidió hacer públicos sus señalamientos después de haber sido separada de su cargo.

Castañeda Romero adelantó que buscará llevar el caso ante instancias de Morena a nivel nacional y que también pretende entregar una carta a la presidenta nacional del partido para exponer las presuntas irregularidades.