Columna Invitada

Hay algo profundamente preocupante cuando un gobierno comienza a utilizar la estructura que debería estar al servicio de todas y todos, con el único objetivo de sostener un proyecto político particular.

El problema es que secretarios y directores generales convoquen a sus equipos para organizar la participación de empleados de confianza, amigos y familiares en apoyo de Alfonso Sánchez García dentro del proceso interno de Morena.

Un funcionario tiene derecho a tener simpatías políticas y un trabajador tiene derecho a participar libremente en la vida partidista. Sin embargo, lo que resulta inadmisible es que desde una posición de autoridad se pretenda convertir la subordinación laboral en compromiso político.

¿Desde cuándo un puesto en el gobierno implica la obligación de acompañar políticamente a quien tiene el respaldo de un superior? ¿Desde cuándo la nómina pública puede convertirse en una reserva de movilización política? ¿Y desde cuándo los municipios y las dependencias gubernamentales se convierten en territorios de operación para una contienda interna?

Esos funcionarios no pueden despacharse diciendo que se trata simplemente de «hacer política». Hacer política es un derecho, pero utilizar una estructura burocrática para inducir, presionar o movilizar trabajadores es otra cosa. Y es verdaderamente lamentable que quienes ocupan responsabilidades públicas parezcan olvidar que el gobierno no les pertenece.

Los edificios públicos no son oficinas de campaña, como sucedió en el caso de Casa de Gobierno. Los trabajadores no son operadores políticos. Los recursos públicos no son patrimonio de un grupo que pretende seguir en el poder. Y, por si faltara gravedad a todo esto, la autoridad conferida por el Estado no puede convertirse en instrumento para construir candidaturas o proyectos personales.

La desesperación política aparece cuando el poder comienza a percibir que puede perderlo. Y eso sucede en el caso de la gobernadora Lorena Cuéllar: surgieron las prisas, las operaciones territoriales, las movilizaciones, las reuniones cerradas y la necesidad de demostrar fuerza a cualquier costo.

Sin embargo, hay que recordar algo: la fuerza política auténtica no se demuestra llenando plazas con trabajadores convocados desde las oficinas gubernamentales. Se demuestra con respaldo ciudadano, con resultados, con congruencia y, sobre todo, se demuestra cuando un proyecto puede caminar por sus propios medios, sin necesidad de recurrir a la estructura del gobierno.

En todo esto, hay una contradicción que vale la pena señalar: Morena llegó al poder cuestionando precisamente aquellas prácticas mediante las cuales los gobiernos utilizaban programas, estructuras y posiciones públicas para favorecer intereses políticos. La Cuarta Transformación hizo de la separación entre gobierno y partido una bandera fundamental de su discurso.

Por eso es grave que hoy existan señalamientos y acusaciones directas sobre prácticas que recuerdan aquello que se dijo que nunca volvería a ocurrir.

Tiene razón la senadora con licencia Ana Lilia Rivera: no basta con cambiar los nombres de quienes realizan las prácticas. Si antes estaba mal utilizar el gobierno para beneficiar a un proyecto político, también está mal hacerlo ahora. La transformación no puede consistir en cambiar de manos las viejas prácticas del poder.

Por si fuera poco, hay otro elemento todavía más delicado: el miedo de los trabajadores. Un servidor público debería poder decir que no a una actividad política sin preguntarse si esa decisión tendrá consecuencias para su empleo. Si un trabajador participa porque quiere, estamos hablando de libertad. Pero si participa porque teme perder su trabajo, estamos hablando de presión. La diferencia es enorme.

Aquí, por supuesto, aparece la responsabilidad de quien encabeza el gobierno. Cuando desde distintas dependencias comienzan a surgir señalamientos sobre movilización de trabajadores para respaldar a un determinado proyecto político, la gobernadora Lorena Cuéllar no puede simplemente mirar hacia otro lado. La autoridad también tiene la obligación de impedir que la estructura gubernamental sea utilizada para fines partidistas.

El proceso interno de Morena debe resolverse con participación libre, con argumentos, con organización partidista y con respaldo ciudadano. No mediante la capacidad de movilización que pueda proporcionar una estructura gubernamental.

Cuéllar Cisneros debería recordar que el verdadero cambio no consiste en ocupar el lugar de quienes antes abusaron del poder. Consiste en no repetir sus abusos.

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