A nivel nacional son 43 trabajadores dados de baja

Por Selene Sosa

Recientemente en el Poder Judicial de la Federación se concretaron 43 despidos de trabajadoras sociales y peritos adscritas al Instituto Federal de Defensoría Pública (IFDP), bajo el supuesto de un “recorte presupuestal”; la afectación llegó al Vigésimo Octavo Circuito, con sede en Tlaxcala, por lo que exigieron la reinstalación de Raquel Nava Orobio.

A través de un comunicado difundido en redes sociales, las personas trabajadoras del Poder Judicial de la Federación en el Vigésimo Octavo Circuito con sede en Tlaxcala reclamaron la determinación de cesar a Raquel Nava, “cuya capacidad, profesionalismo y entrega al servicio público han quedado plenamente demostrados”.

Por lo que exigieron su reinstalación y que se revise la determinación de cada uno de los despidos realizados, con apego a la legalidad, “privilegiando la justicia, la certeza jurídica y el respeto a la dignidad de las personas trabajadoras” ya que, la justificación de dichas bajas es un supuesto “recorte presupuestal”.

Ello, a pesar de que el presupuesto para el PJF quedó aprobado para la totalidad del Ejercicio Fiscal 2026, por lo que tal argumento para despedir a 43 trabajadoras sociales y peritos, de los cuales son 39 mujeres y cuatro hombres con décadas de servicio, no cuenta con fundamento.

Por lo que exigieron a Benjamín Rubio Chávez, director general del IFDP y al Órgano de Administración Judicial (OAJ) Federal el respeto a los derechos laborales, siendo la instancia encargada, precisamente de proteger los derechos humanos y garantizar el acceso a la justicia.

“Ninguna persona trabajadora debe quedar sujeta a decisiones arbitrarias. Quienes integran una institución encargada de proteger los derechos humanos y garantizar el acceso a la justicia tienen el deber de ser los primeros en respetar los derechos laborales de su propio personal”, reza el comunicado.