20 de marzo - 2026

Colaborador Invitado
En Tlaxcala, la línea que divide el ejercicio de gobierno de la promoción política parece haberse desdibujado peligrosamente. Desde hace varias semanas, la gobernadora Lorena Cuéllar Cisneros ha intensificado una serie de giras bajo el formato de “Encuentros Tlaxcaltecas”, en los que, más allá de rendir cuentas, se advierte un despliegue sistemático de promoción personalizada. No se trata ya de actos aislados, sino de una estrategia sostenida que, en los hechos, opera como una campaña abierta y sin tapujos.
En estos encuentros, el eje discursivo gira en torno a los recursos millonarios invertidos en los municipios, un tema que, si bien es parte de la obligación gubernamental de informar, se presenta con un énfasis reiterado en la figura de la mandataria estatal.
La constante exposición mediática, el tono celebratorio y la narrativa centrada en su persona rebasan el carácter institucional que deberían tener este tipo de ejercicios. Más aún, se suma la promoción indirecta de perfiles políticos afines, como el presidente municipal de Tlaxcala, Alfonso Sánchez García, lo que refuerza la percepción de una operación con fines electorales anticipados.
Este comportamiento no es menor si se revisa el marco constitucional vigente. El artículo 134 de la Constitución Política federal establece con claridad que los recursos públicos deben administrarse con imparcialidad y que la propaganda gubernamental, bajo cualquier modalidad, debe tener carácter institucional y fines informativos, educativos o de orientación social, prohibiendo expresamente la promoción personalizada de cualquier servidor público. Asimismo, delimita los tiempos en los que pueden difundirse informes de gobierno, los cuales no pueden convertirse en plataformas permanentes de posicionamiento político.
Cuando estas disposiciones se vulneran, las responsabilidades pueden ser diversas. En el ámbito administrativo, se pueden configurar faltas por uso indebido de recursos públicos o promoción personalizada, susceptibles de sanción por órganos de control interno o tribunales electorales. En el plano electoral, la conducta podría interpretarse como actos anticipados de campaña, lo que también conlleva sanciones que van desde multas hasta la inhabilitación para contender en procesos futuros, dependiendo de la gravedad y sistematicidad de las acciones.
Sin embargo, más allá del terreno legal, el problema adquiere una dimensión política y ética. Resulta profundamente cuestionable que, en un contexto donde las reglas buscan garantizar equidad en la contienda democrática, desde el poder se impulsen estrategias que las bordean o abiertamente las ignoran.
La omisión del Instituto Tlaxcalteca de Elecciones (ITE), que parece más concentrado en emitir oficios por actividades de otros actores políticos que en observar el comportamiento del Ejecutivo estatal, agrava el escenario. La falta de un “semáforo amarillo” no sólo evidencia un posible sesgo institucional, sino que debilita la confianza ciudadana en las autoridades electorales.
Paradójicamente, esta intensa actividad de promoción podría resultar estéril. La gobernadora llegó al cargo con un capital político significativo, presumiendo haber sido la más votada en la historia del estado. No obstante, los indicadores de aprobación de su gestión han mostrado un desgaste considerable, colocándola en posiciones poco favorables a nivel nacional. En ese contexto, la sobreexposición difícilmente revertirá una percepción negativa arraigada; por el contrario, puede profundizar el desencanto al ser vista como un intento de maquillar la realidad mediante propaganda.
La insistencia en una campaña permanente no sólo pone en entredicho el respeto al orden constitucional, sino que también refleja una desconexión con el sentir ciudadano. Gobernar no es promocionarse, y menos aún cuando las condiciones legales y éticas lo prohíben. En democracia, las formas importan tanto como el fondo, y en Tlaxcala, ambas parecen estar en entredicho.
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